“Cuerpo a tierra que vienen los nuestros”. Esto debió pensar Ángel Gabilondo cuando la ministra Montero y el propio presidente Sánchez anunciaban un hachazo fiscal para castigar a Madrid y a los madrileños mientras él seguía comprometiéndose a no subir impuestos. Alguien miente o alguien no dice la verdad, y aquí mienten el candidato títere a presidir la Comunidad y el gobierno del Estado que no se caracteriza precisamente por su gestión y sus aciertos sino por su propaganda y que disfraza de armonización lo que es un auténtico latrocinio a los ahorros de los españoles.

Y como dicen que para muestra basta un botón, ahí está la acusación del presidente del Gobierno desde Angola sobre las cifras de contagios en la Comunidad de Madrid, sin prueba alguna, desmentida luego por Fernando Simón, cuando si alguien ha mentido con la cifra de muertos por el COVID, los contagios, las mascarillas, la compra de material sanitario o las vacunas ha sido precisamente Pedro Sánchez. Cómo decía el añorado Alfredo Pérez Rubalcaba, “merecemos un gobierno que no nos mienta”

Porque mienten Pedro Sánchez y el Gobierno cuando se escudan en exigencias de la Unión Europea para justificar el incremento impositivo o cuando aseguran que los españoles pagamos menos impuestos que nuestros socios europeos. Mienten, y lo saben, porque en Europa, además de España, sólo Liechtenstein, Noruega y Suiza tienen ese impuesto sobre el patrimonio que quieren recuperar en Madrid para satisfacer las exigencias irresponsables de sus socios de la Frankestein.

Mienten cuando quieren resucitar en Madrid ese impuesto de Sucesiones, que no es sino un impuesto a la muerte, y que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la UE, certificando que vulnera la legislación comunitaria en los términos en que se aplica en España y que debe corregirse.

Y mienten también cuando comparan la fiscalidad española con la del resto de la Unión porque una cosa es la presión fiscal, que es la relación entre el Producto Interior Bruto (PIB) de un país y los ingresos tributarios totales; y otra muy distinta el esfuerzo fiscal, es decir la relación entre impuestos y capacidad impositiva. Dicho en román paladino, el esfuerzo fiscal es el sacrificio que hacemos cada uno de los ciudadanos que pagamos impuestos en relación con nuestra renta, y los datos de la Comisión Europea muestran que los españoles estamos entre los ciudadanos que hacemos un mayor esfuerzo fiscal de los veintisiete estados miembros, sólo por detrás de Portugal, Italia, Grecia y Francia y muy por encima de países como Alemania o Dinamarca con estados de bienestar plenamente consolidados.

Si es verdad que pese a esta política tributaria casi esquilmatoria la recaudación fiscal en España es inferior a la media de la UE, pero esto es consecuencia de que aquí tenemos más paro, sueldos más bajos y, además, una economía sumergida que se estima en el 25 por ciento del PIB, duplicando la de Europa, por falta de medios de control.

Pero eso ni le preocupa ni le ocupa al Gobierno, como tampoco el intentar compensar eses desfase de ingresos recaudatorios, que imposibilita cumplir los presupuestos, recortando los fastuosos gastos del gobierno con mayor número de ministerios en Europa, algunos tan innecesarios como incompetentes, para pagar el precio de la coalición, y adelgazando una administración elefantiásica que ha multiplicado el número de asesores y se ha convertido en la agencia de colocación de amiguetes y en el soporte financiero de empresas “fantasma” y vinculadas a las dictaduras bananeras como esa aerolínea Plus Ultra, a la que han regalado 53.000 millones de euros que, a buen seguro servirían para aliviar gran parte de los déficits recaudatorios.