La dirección de Abengoa intenta calmar a los grupos interesados en la compra de la compañía, especialmente al liderado por los empresarios mexicanos Amodio, y a la plantilla. La situación de este empresa de ingeniería y energía, que está en concurso de acreedores, es desde ayer más complicada aún, por la inspección de la sede central de la empresa iniciada ayer por la Unidad de Control Operativo, de la Guardia Civil, por requerimiento del Juzgado Central número 2 de Instrucción de la Audiencia Nacional. El registro continuaba este miércoles.

Aunque la compañía destaca que el procedimiento judicial es ajeno a la actual administración, el registro se produce en un momento muy delicado en el difícil proceso de salvación de Abengoa. Ahora nadie puede prever las consecuencias. Si bien los hechos que se investigan, previsiblemente relacionados con el maquillaje de las cuentas, se refieren a los años 2014 a 2015 (cuando la empresa estaba dirigida por Felipe Benjumea), el impacto es ahora impredecible, y la compañía no está para soportar más etapas sin una solución financiera.

A falta de conocer, por el momento, la reacción de los Amodio o del fondo TerraMar (otro candidato), el problema más relevante puede llegar por la situación que ahora se le plantea a la Sociedad Estatal de Participaciones Empresariales (SEPI). Este organismo público es el responsable de aportar ayudas a las empresas en grave crisis por la pandemia.

La compañía andaluza ha solicitado 249 millones de euros a la SEPI para salvarse de la quiebra. Y esta inyección de dinero público es una condición insalvable para que los inversores que están interesados en su adquisición continúen con sus proyectos. Pero los posibles delitos societarios se erigen en un obstáculo adicional, y, no los cometieron los actuales gestores, revalidan que la empresa estaba en crisis antes del Covid-19.

La acción de la UCO se produce cuando la compañía analizaba la propuesta liderada por los empresarios mexicanos, que controlan OHL. Este lunes fue presentada al consejo de administración de la compañía y ha supuesto el inicio de la due diligence, en la que se valorará la situación de la compañía.

El objetivo es segregar Abenewco 1, la filial de Abengoa que agrupa a los activos rentables, y que evitaría la segregación del grupo. El grupo mexicano Caabsa, vehículo de los empresarios Luis y Mauricio Amodio, y Ultramar (su socio) tendrían una participación de hasta el entorno del 40% de Abenewco 1. El capital restante se repartiría entre los actuales accionistas de Abengoa y los acreedores, liderados por Santander y KKR. Esta opción es la preferida de los acreedores, frente a la del fondo TerraMar, que es considerado un gestor especializado en la venta de activos.