El Gobierno ultima la redacción del decreto ley para la unificación de los tres fondos de garantía de depósitos existentes, de bancos, cajas y cooperativas de crédito, en uno solo que absorba las eventuales pérdidas futuras derivadas del proceso de recapitalización del sector financiero sin haberse asegurado a priori el voto a favor de ninguno de los grupos parlamentarios.

Al tratarse de un decreto ley, la norma debe ser convalidada por el Pleno del Congreso de los Diputados, si bien al encontrarse disueltas las Cortes por la convocatoria de elecciones generales del próximo 20 de noviembre el debate tendrá que celebrarse en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados.

Fuentes de los distintos grupos parlamentarios consultadas por Europa Press han expresado su sorpresa por el anuncio de la número dos del Ejecutivo, que no les comunicó sus planes, cuando sí lo ha hecho con ocasión de otras reformas financieras anteriores.

En este sentido, y pese a que Salgado aseguró el pasado jueves que había consultado con el PP su plan, desde el primer partido de la oposición se niega este extremo, recordando la ruptura del consenso en materia de reestructuración bancaria que habían mantenido con el Gobierno, hasta que en febrero de este año decidió elevar los requisitos de solvencia.

EL PP PREVÉ MÁS FUSIONES

Asimismo, los planes del Gobierno, que da por finalizado el proceso de reestructuración, chocan con la percepción del PP, que ve  «inevitable» una nueva ronda de fusiones debido a la necesidad de  sanear los balances de las cajas ante el «atasco» de activos inmobiliarios, según ha declarado su coordinador económico, Cristóbal Montoro.

Según el PP, esto exigirá la intervención de recursos públicos, pero sin que suponga un coste para los contribuyentes. Para ello, son partidarios de utilizar el fondo europeo de rescate y otros mecanismos contemplados en la UE, aunque el debate entre los Estados miembros acerca de este extremo está todavía lejos de cerrarse.

Por su parte, otras formaciones como CiU, PNV y CC, se mantienen prudentes hasta conocer cómo se formula el decreto ley, teniendo en cuenta que la reforma de los fondos implica que los bancos costearían las posibles pérdidas de las cajas intervenidas por el FROB.

También las posibles modificaciones en las aportaciones que las entidades estarán obligadas a hacer al nuevo fondo, para garantizar que éste pueda hacer frente a la cobertura de los depósitos bancarios.

RECHAZO GARANTIZADO DE LA IZQUIERDA

Los grupos recuerdan que el Consejo de Ministros del pasado viernes no aprobó la norma y, aunque dio su aval al plan presentado por Salgado, no se concretó cuándo se dará luz verde al decreto ley.

Quien sí que tiene claro que no apoyará la medida es Izquierda Unida, cuyo representante parlamentario, Gaspar Llamazares, califica la norma de mero «artificio contable» para sanear a la banca.