Con una contundencia que ni Manuel Fraga en sus mejores tiempos, cuando se desmelenaba contra Felipe González, descalificó el líder del PP, Pablo Casado, el plan de recuperación económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Al jefe del principal partido de la oposición le bastaron 19 minutos para calificar de “enredo y autobombo” un esquema de inversiones productivas y modernizadoras que el jefe del Gobierno consideró “un revulsivo, una revolución”. Le sobró tiempo  para tildarlo de “pizza recalentada” por más que las inversiones previstas supongan la creación de  800.000 empleos netos y que los 47.000 millones de euros netos previstos este año y el que viene tengan un impacto decisivo en el sector del transporte (13.000 millones para el vehículo eléctrico), la vivienda (6.820 millones a la rehabilitación), el turismo (3.400 millones), la ciencia y la innovación (3.380 millones) y así sucesivamente en otros sectores, sin olvidar la modernización de las administraciones públicas (4.315 millones), la digitalización de las pymes (4.060) o las energías renovables (3.165).

Sin entrar ni salir de cuentas, Casado consideró ridícula la ayuda al turismo, que ha sufrido unas pérdidas enormes, y despachó el asunto con un dato: “El PIB se ha desplomado en 120.000 millones de euros”. Con ello vino a decir que el Marshall de Sánchez y Calviño (140.000 millones a corto, medio y largo plazo) ni es extraordinario ni mucho menos revolucionario. Para el presidente del PP resulta “inaceptable que Sánchez venda lo que no es suyo”, sino de tres mujeres como las presidentas del Consejo, la Comisión Europea y el BCE. “Ya está bien de chulerías de un Gobierno indecente e incompetente”, dijo, visiblemente irritado porque “Sánchez se cree Napoleón”, actúa por decreto y no somete el plan al debate y la aprobación del Parlamento. En este punto olvidó su propia orden al grupo parlamentario de votar en contra del Marshall de Sánchez, un fallo en el que, en cambio, no incurrió la extrema derecha, cuyo jefe, Santiago Abascal, acusó, sin embargo, al PP de ser “cómplice del gobierno de la muerte y de la ruina” al apoyar “un estado de excepción para seguir dándose ultrapoderes en las autonomías donde gobiernan”.

No acabó ahí el asunto, pues también el informe de la gestión de la pandemia que presentó Sánchez antes de anunciar su intención de “no prorrogar el estado de alarma” más allá del 9 de mayo próximo, le resultó “indecente” al conservador. “Es indecente que usted hable de salud con más de 130.000 muertos”, le espetó. “Somos el país con más muertos de la UE”, remarcó. “Después de que usted dijera que el virus estaba derrotado han muerto 50.000 personas”, concretó. Ya en lo atinente a las medidas sociales, de apoyo a los trabajadores, los autónomos y las empresas, el líder del PP optó por la simplificación: “Cinco millones de parados”. Previamente Sánchez se había mostrado esperanzado en la recuperación del empleo ya que los datos de marzo fueron positivos, estamos en 19 millones de empleados, con menos de cuatro millones de trabajadores en paro y sin contar aún la recuperación del turismo, dijo. El jefe del Gobierno aprovechó su comparecencia para anunciar la ampliación por tres meses de las medidas antidesahucio y las moratorias en el pago de los alquileres de viviendas y locales, algo en lo que ni Casado ni tampoco Abascal entraron. Tampoco manifestaron su opinión sobre la participación de los agentes sociales y económicos (amén de las administraciones autonómicas y locales) en la elaboración del plan de recuperación que el Ejecutivo presentará a la Comisión Europea antes del 30 de abril. La patronal CEOE y los sindicatos formarán parte de la mesa permanente del plan, cuyo comité técnico se encargará de la evaluación y el control de los proyectos. Hasta el momento, la comisión interministerial ha recibido más de 4.000 propuestas.

Consciente de la fecha (90 aniversario de la II República), el presidente Sánchez inició su intervención trazando una línea entre aquel 14 de abril de 1931, el 6 de diciembre de 1978 (aprobación de la Constitución) y el 12 de junio de 1985 (fecha de entrada de España en la Unión Europea). Con ello quiso “anteponer el valor de la democracia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las apuestas de la República por la educación, la ciencia y la modernización de España”, y enlazar aquellos empeños con los hitos que tras la dictadura franquista han permitido darle continuidad. “Democracia, Constitución y Europa”, resumió. Por una vez Casado y Abascal, grandes defensores dinásticos, no objetaron la efemérides republicana.