He leído en su integridad los doscientos y pico folios del Proyecto de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, encabezado por el eslogan España puede. Para tranquilidad de algún lector, si lo hubiere, he superado físicamente bien la prueba, aunque debo esperar algunos días para conocer sus efectos secundarios de la lectura. Lo primero que se me ocurre pedir a los redactores del Proyecto es que, aunque la edición electrónica del mismo no influya en la desforestación, la próxima vez se esmeren en editar mejor el artefacto, porque si se excluyen las extenuantes repeticiones, el contenido real quedaría en una tercera parte más o menos y sus lectores lo agradeceríamos.

El planteamiento del proyecto reproduce miméticamente las formulaciones iniciales de la Unión Europea para arbitrar los fondos comunitarios y las completa con algunos sesgos nacionales que se mantienen dentro de la ortodoxia que va a imponer y vigilar Bruselas, salvo en una serie no muy larga de materias en las que el Gobierno español introduce una cierta dosis de rebeldía. Lo que ocurre es que esas materias son las que plantean dudas no solo a las instancias europeas sino a otros organismos internacionales.

El Gobierno se reserva la capacidad de intervenir en la regulación de las relaciones laborales (hay que ver con que insistencia desde la izquierda se habla de mercado de trabajo, como si lo fuera), sobre las que en varias citas del texto se habla de modernización. Uno cree que es raro modernizar retrotrayendo la norma a ocho o nueve años atrás. Lo que no desvela el documento oficial es la pereza del Gobierno a aprobar un estatuto de los trabajadores de nueva planta, aunque es cierto que se menciona como de pasada  “… un acuerdo que sirva de base al nuevo estatuto de los trabajadores…”

Sí es más explícito, aunque no es nada nuevo, en la estandarización de solo tres tipos de contrato laboral (estable, temporal, y de formación  o en prácticas) para paliar el desbarajuste de la temporalidad. Y también en la contrarreforma de los convenios colectivos, volviendo al modelo aberrante de dar preferencia al sectorial sobre el de empresa. Es un guiño a unos sindicatos menguantes hasta la insignificancia, si no fuera por la tutela financiera pública.

Otra de las reservas que ha marcado el Gobierno es la de la reforma fiscal, cuyo enunciado es un eufemismo. Se trata de una subida de impuestos que, además, según la inefable ministra de Hacienda, se llevará a cabo antes de que la comisión de expertos ad hoc, nombrada por ella misma, saque sus propias conclusiones sobre un nuevo modelo fiscal. Es curioso cómo todos los ministros de Hacienda utilizan las comparaciones con la presión fiscal europea para legitimar las subidas de impuestos, cuando en realidad no es problema de figuras impositivas, sino de incapacidad de gestión, de ineficiencia recaudatoria, de exenciones absurdas (Impuesto sobre Sociedades) de insuficiencia de los tipos (IVA). Apenas unas horas antes de  escribir estas líneas, la OCDE se une al coro inmenso de voces que reclaman que no se suban los impuestos en esta coyuntura.

Y el tercer coto que se ha marcado el Gobierno es el de las pensiones. Este con toda razón, ya que tendrá que ponerse de acuerdo el Consejo de Ministros consigo mismo  antes de comprometerse, porque hasta ahora la reforma, desde el Ejecutivo, es una partitura polifónica.