El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge entre las reformas previstas para reforzar y modernizar la economía española el «desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta densidad». Incluido dentro del apartado Vertebración territorial y Capital Social, en el que se refiere a la “desigualdad territorial” y al “retraso relativo de parte del territorio”, el texto del Plan recoge varias medidas, como un programa de rehabilitación de edificios y renovación urbana, planes de movilidad urbana, una estrategia de movilidad sostenible y la ley de Movilidad y Financiación del Transporte. Es en este punto donde explica que “el desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad y la culminación de los corredores ferroviarios pendientes (Mediterráneo, Atlántico, conexión con Portugal, conexión del puerto de Algeciras), el desarrollo de nodos de transporte intermodal, la modernización y sostenibilidad de las infraestructuras, suponen un factor clave para la cohesión territorial de un país grande y complejo como es España”.

El programa presentado por el Gobierno no explica cómo tiene previsto aplicar ese pago, pero no es la primera vez que se habla de ello.

El pago por el uso de las infraestructuras del Estado ha surgido en varias ocasiones a lo largo de la legislatura. La última vez fue en noviembre de 2020, cuando el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apuntó la posibilidad de introducir peajes en las carreteras estatales. En aquella ocasión, el ministro matizó que el pago dependería del tipo de usuario que las utilizase, señalando al sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Ábalos explicó entonces que no se aplicaría a los que no les queda otra que usar esas vías para ir a trabajar, pero sí podría repercutirse sobre aquellos que las usan para ser más competitivos en su actividad, como transportistas o autocares.

Un año antes, en el verano de 2019, Ábalos ya señaló la posibilidad de imponer un pago «simbólico» en las autovías gratuitas que calculó como unas diez veces inferior al de los peajes de las autopistas de pago y que se usaría para reducir el coste de las vías en manos privadas.