La dirección de CaixaBank ha planteado el despido de 8.291 personas (el 18% de la plantilla) y el cierre de 1.534 oficinas (el 27% de la red actual), convirtiéndose en la reestructuración de mayor envergadura realizada hasta el momento en el sector bancario español, según fuentes de la reunión consultadas por Europa Press.
El banco ha descartado las prejubilaciones y tratará de que las salidas se produzcan con arreglo a la máxima voluntariedad y la meritocracia. A pesar de que se preveía que gran parte de las salidas fuera asumidas por los mayores, el banco pretende que el ajuste sea equilibrado y afecte en un 50% a mayores de 50 años y la otra mitad a menores de este límite de edad.
La entidad habría explicado a los sindicatos que las causas del ERE son productivas y organizativas, resultado de la fusión y del entorno actual del mercado, así como de la evolución de los clientes hacia lo digital.
Además, CaixaBank se ha comprometido a poner en marcha un plan de recolocación para que la gente que abandone la entidad encuentre un nuevo empleo en el periodo más corto posible.
Respecto a oficinas, plantea el cierre de 1.534 de ellas y los criterios se basarán en el tamaño del municipio y competencia bancaria en la plaza; la distancia entre oficinas de ambas entidades; la cuota de presencia y solapamientos; evitar la exclusión financiera y potenciar oficinas de mayor tamaño y especialización.
Necesario por las duplicidades de la fusión
CaixaBank asegura que el ajuste «es necesario» dadas las duplicidades y sinergias derivadas de la fusión y las circunstancias del mercado, y que los criterios que se aplicarán para determinar la afectación del proceso serán la «voluntariedad y la meritocracia».
También ha presentado una propuesta de cambios en las condiciones laborales para avanzar hacia un marco «sostenible y unificado». Se trata de la unificación de medidas relacionadas fundamentalmente con aspectos complementarios de la remuneración y la previsión social, así como cuestiones vinculadas a la flexibilidad necesaria para avanzar en el modelo de negocio y mantener la sostenibilidad de la red rural.
Los empleados conservarán sus condiciones actuales hasta la entrada en vigor del nuevo marco, y una vez esté vigente, se prevé que los empleados mantengan «la remuneración actual, salvo que las nuevas condiciones acordadas supongan una mejora», en cuyo caso se aplicará con la progresividad que se acuerde.
El porcentaje de trabajadores mayores de 50 años que se adscriban voluntariamente al plan de bajas no podrá superar el 50% del total de salidas.
UGT califica de salvaje y vergonzoso el ERE en Caixabank
CaixaBank «pretende ir mucho más allá de la simple eliminación de duplicidades. Pretende pagar la factura de la fusión y de la pandemia a costa de la plantilla, aprovechando un ERE por causas organizativas para recortar nuestras condiciones laborales y con unas condiciones de salida indignas y miserables», señala UGT.
«La propuesta de la empresa hace inviable la voluntariedad, lo que nos aboca a despidos forzosos», insiste. «La cifra de excedentes planteada es desproporcionada, y la forma en que pretenden canalizar las salidas rompe con las fórmulas de consenso utilizadas hasta la fecha», añade.
CaixaBank «opta por el camino de lo fácil: la mejora de sus ratios de eficiencia vía costes de estructura, mismos clientes con menos oficinas y menos empleados y empleadas que nuevamente se encuentran en una situación dramática y llena de incertidumbre respecto a la continuidad en sus puestos de trabajo, frente a una entidad cuya pretensión es incrementar beneficios para sus accionistas sin plantear para ello otra alternativa que reducir los gastos salariales»
«Un proceso de restructuración como en el que nos encontramos, debe hacerse bajo la premisa fundamental y absoluta del diálogo con la representación laboral, de la voluntariedad en la adscripción a las medidas extintivas y del respeto a las condiciones laborales de la plantilla», recalca el sindicato.
UGT considera que «en el contexto de crisis sanitaria y económica en el que nos encontramos, un Gobierno progresista como el actual no puede avalar el despido de tal cantidad de trabajadores».
El sindicato pide unidad de acción «para acometer el proceso de restructuración que amenaza, como nunca antes, las condiciones laborales de la plantilla» y abordar la negociación para obtener las mejores soluciones bajo las premisas de:
- Reducción de las cifras de despidos planteados por la Dirección.
- Voluntariedad.
- Afección preferente a las personas de mayor edad.
- Sin cláusulas de cierre (completar cupos con salidas forzosas).
- Condiciones admisibles en la propuesta de salidas.
- Homologación al alza y mantenimiento de los derechos y condiciones laborales para la plantilla.
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