El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ha asegurado que su partido impulsará «en el menor tiempo posible», si gana las próximas elecciones generales una segunda ronda de fusiones bancarias, porque el sector tiene «demasiado tamaño que no se justifica», así como un saneamiento de los balances de las entidades para dar salida a los activos inmobiliarios, todo ello en sintonía con las medidas planteadas para Europa en la cumbre bilateral entre Alemania y Francia de este domingo.

En declaraciones a la Cadena Ser, Montro explicó que su partido abordará el proceso en línea con las medidas pactadas en el seno de la UE. «Hay que subirse al tren europeo», ha segurado Montoro, quien recalcó que la creación de un «banco malo» es sólo una de las posibilidades discutidas en el marco de un proceso «con muchas variantes». En cualquier caso insistió que hay que tomar medidas «en el menor tiempo posible» porque si no, la economía e española seguirá «paralizada» en una crisis que podría prolongarse «ad eternum» ante la sequía del crédito.

«No hay que socializar pérdidas, pero hay que apoyar al sector porque si no nos quedaríamos sin la sangre que fluye en nuestros cuerpos», ha añadió Montoro, quien, no obstante, incidió en que «no tiene sentido hacerlo a costa del contribuyente».

Para Montoro, el proceso debería haberse abordado hace tres años, desde el primer momento de la crisis, cuando en Europa empezaron los rescates bancarios, un retraso del que ha culpado al Banco de España, que a su juicio «ha llegado tarde y mal» y no ha propiciado que el Ejecutivo tomara medidas en la dirección correcta para evitar el deterioro de la banca provocado por problemas como el endeudamiento externo y la exposición al ladrillo.

Las indemnizaciones, un fallo del BCE

En este sentido, también  culpó al Banco de España de los «abusos» en las retribuciones e indemnizaciones de los directivos de las cajas de ahorro. «No debería haber asistido pasivamente», ha lamentado el responsable económico del PP, quien considera que esta situación se debe a un «fallo clarísimo de la supervisión».

En este sentido, ha restado importancia al papel de las comunidades autónomas a la hora de controlar las indemnizaciones, ya que, según su argumento, sus competencias están «compartidas» con el organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez.