El Gobierno ha accedido a que nuevas actividades se incluyan entre los beneficiarios de las ayudas directas no reembolsables que los autónomos y pymes recibirán para capear la Covid. Son 7.000 millones de euros que se repartirán, no solo entre las 95 actividades inicialmente previstas, sino entre otros negocios, que ahora deben decidir los gobiernos autonómicos. La asociación de autónomos UPTA ha enviado ya sus propuestas a media docena de autonomías. Y defiende un sistema de reparto que evite el reparto de ayudas por un mero orden de llegada.

Tras criticar la “lentitud” exasperante con que el Gobierno armó estas ayudas directas el pasado mes de marzo, UPTA celebra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de abrir el reparto de los 7.000 millones que se financiarán con ayuda europea a nuevas actividades, que ahora decidirán las regiones.

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes una modificación del real decreto ley que habilita a las comunidades autónomas a permitir que otros destinatarios, además de los negocios incluidos en alguna de las 95 actividades de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), opten a las ayudas no reembolsables.

Autónomos y pymes pueden recibir entre 4.000 y 200.000 euros de ayuda directa. Para ello deben acreditar una caída de ingresos superior al 30% entre 2020 y 2019. El dinero, que no deberán devolver, se utilizará para el pago de deudas contraídas desde marzo de 2020, entre ellas salarios, arrendamientos, pagos a proveedores, suministros o reducción de la deuda financiera.

A cambio las empresas y los autónomos se comprometen a mantener su actividad hasta el 30 de junio del próximo año 2022.

En principio las ayudas iban destinadas a 95 actividades de un listado de la CNAE. Su elección se determinó por el número de trabajadores incluidos en ERTE cuando se aprobó el decreto el pasado mes de marzo. Entonces, un 10% del total de los trabajadores de esa actividad CNAE debía estar en ERTE. Y la actividad no debía haber recuperado de los ERTE a un 75% de todos los trabajadores que alguna vez se vieron inmersos en uno de estos expedientes de regulación temporal de empleo.

Sin embargo, pronto se vio que el criterio dejaba fuera a muchas personas. UPTA protestó por que el decreto excluyera a peluquerías, tiendas de souvenirs, autoescuelas, academias, artesanos, granjas escuela o agentes comerciales.

Así que el Gobierno decidió abrir la norma. Y dejó en manos de las comunidades autónomas la elección de las nuevas actividades que podrán optar a las ayudas, además de las 95 originarias, a fin de responder a “especificidades del tejido productivo de cada región”, según detalla la modificación del real decreto ley aprobada ayer martes por el Consejo de Ministros.

Ahora los autónomos reclaman a las autonomías que incluyan otras actividades entre los solicitantes. UPTA ha comunicado ya sus listados a la Región de Murcia, La Rioja, Asturias y Galicia. Hoy lo hará con Extremadura y la próxima semana con el resto de gobiernos regionales.

Evitar el reparto por orden de llegada

Sin embargo, otro asunto preocupa también a la asociación de autónomos. El orden en que se distribuirán las ayudas. Si el reparto se hace por orden de llegada de las solicitudes, muchos autónomos y empresas quedarán fuera, dicen. En muchos casos, argumentan, la tramitación es larga, y se deben conseguir antes de presentar la solicitud, documentos y trámites que demoraran la petición de ayuda, y en consecuencia arriesgarían su posible cobro.

La solución para la organización de autónomos reside en organizar un sistema alternativo, que evite el reparto por orden de llegada. En concreto, UPTA pide que se organice un sistema por tramos. De tal modo que los Gobiernos regionales reserven un 50% del presupuesto para las empresas que sufrieron un 50% o más de pérdidas. Y dos tramos más, que acoten fondos para quienes perdieron, o bien entre un 50% y un 40%, o bien entre un 40% y un 30%. Con una reserva del 25% del presupuesto en ambos casos.

En caso contrario, “miles de profesionales no podrían acceder a ella”, aseguran, tras reiterar que muchos negocios deben encarar procesos más largos antes de solicitar la ayuda, como por ejemplo contrastar información sobre IRPF o Impuestos de Sociedades.

“Es fundamental que estas medidas se ejecuten en todas las autonomías, estructuradas y regladas de la misma forma”, agregan finalmente.