El Gobierno parece decidido a aprobar en 2021 la primera parte de su reforma laboral. Tras su visita ayer a Bruselas, la ministra del ramo, Yolanda Díaz, insistió hoy viernes en que la reforma laboral será de “calado” y contendrá los términos del acuerdo PSOE-Podemos que llevó en 2020 a Pedro Sánchez a La Moncloa.

El Ejecutivo pretende aprobar en 2021 un cambio en la contratación, que disminuya el abuso del contrato temporal por parte de empresas y sectores. En principio destinado a casos tasados, en la práctica son muchas las empresas que utilizan este contrato temporal como fórmula de flexibilidad.

Así, cuando vienen mal dadas, los primeros en sufrir los embates de la crisis son siempre los temporales, que resultan más baratos de despedir, y sobre todo menos latosos en el caso de una posible reclamación ante un juzgado.

Sin embargo, el uso del contrato temporal está ya absolutamente proscrito en España. Y la legislación reserva su utilización para motivos realmente temporales, como picos de producción, o campañas como las Navidades, aunque no para otras actividades de temporada, como el verano, por ejemplo, donde las empresas debieran satisfacer su necesidad de mano de obra con contratos como el fijo-discontinuo, y no con temporales.

Por eso la ministra insistió ayer en que el Ejecutivo llevará a cabo esta reforma este mismo año. Y consideró “sorprendente” que España haya evitado dar solución a este problema en sus 36 años de existencia, dijo, en referencia a la reforma que en 1984 dio paso al contrato temporal.

Sin embargo, los sindicatos dudan de la eficacia de los planes del Ejecutivo. En primer lugar porque, aseguran, ya es posible perseguir la temporalidad injustificada, y a pesar de eso, el Gobierno no hace nada para ponerle coto. Pero además, añaden, las tres fórmulas anunciadas por el Ejecutivo —un contrato indefinido, uno temporal y uno en prácticas— no alcanzan a dar respuesta a la variedad de situaciones que se dan en el mercado laboral español.

Plan de empleo joven en abril

Menos suspicacias presentan otras reformas incluidas en los planes que el ministerio de Trabajo presentó ayer a Bruselas, y que forman parte del Plan de Reconstrucción con que el Ejecutivo aspira a levantar los 140.000 millones en inversiones que el Ejecutivo comunitario prestará o dará a España a fin de luchar contra la crisis Covid.

Trabajo ultima la presentación en abril de una nueva edición del llamado sistema de Garantía Juvenil, un programa europeo que promete a los jóvenes que no estudian ni trabajan un empleo, prácticas o una formación.

Completan el programa de reformas pergeñado por el Ejecutivo para lograr la bendición de Bruselas un ambicioso plan para reformar los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), actualmente ineficaces a la hora de encontrar trabajo a los parados; y poco útiles a la hora de gestionar otras herramientas, como la formación, que faciliten la inserción laboral de los desempleados.

La modernización de estos servicios públicos, que comparten el Estado central y las autonomías, pasa por ahondar en su digitalización; una de las ramas principales que pretenden regar los fondos europeos.

Se trata en definitiva de que España, al igual que ya hacen otros países, ofrezca a los parados una atención individual, que sea realmente útil para su incorporación al mercado laboral, bien sea a través de cursos, bien sea mediante otras de las herramientas, que constituyen las llamadas políticas activas de empleo; un apartado, llamado a la reforma, donde España gasta en la actualidad sobre todo en bonificaciones o reducciones de cuotas a los empresarios, a pesar de su contrastada inutilidad, al menos en su concepción actual.

Pero donde comenzarán de verdad los problemas será a la hora de reformar las reglas del juego que rigen la negociación entre sindicatos y patronos en la llamada negociación colectiva en empresas o sectores. Este será el nudo gordiano que Yolanda Díaz, figura ascendente el Gobierno, y candidata ‘in pectore’ a suceder a Pablo Iglesias al frente de Unidas Podemos, tendrá que cortar, si quiere llevar a buen fin una reforma del trabajo que acabe con problemas como el “paro estructural, el paro coyuntural, el juvenil y la precariedad”; identificados por ella misma como las principales debilidades del empleo en España.

Además, otras reformas como la fiscal y la de pensiones, también marcarán la agenda del Ejecutivo los próximos meses, aunque en el caso de la primera, y en algunos aspectos de la segunda, parecen aparcarse al menos hasta el año que viene.