El Gobierno ha aceptado retrasar un año, hasta 2023, la implantación de un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos. Además, el Ejecutivo ofrece un período transitorio de nueve años para que los profesionales puedan adaptarse al nuevo sistema, que supondrá cotizar de acuerdo a una previsión de ingresos, y luego ajustar cuentas con la Seguridad Social.

Finalmente, la pandemia y la debilidad de la economía han torcido el brazo del Gobierno y del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cuyo equipo comunicó este martes por la mañana a los agentes sociales su intención de retrasar un año la puesta en marcha del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos.

El presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, confirmó hoy tras una reunión con el Ejecutivo que el ministerio de Seguridad Social plantea ahora aplazar a 2023 el nuevo sistema de cotización por tramos para los autónomos, en función de sus ingresos reales.

A la reunión acudieron hoy por parte del Gobierno el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, junto a otros dos altos cargos de su ministerio, y de las organizaciones empresariales y sindicales, Rosa Santos, por CEOE; Teresa Díaz de Terán, por Cepyme; Mari Carmen Barrera, por UGT; Carlos Bravo, por CCOO; Celia Ferrero, por ATA; Miguel Ángel Abejón, por UATAE; e Inés Mazuela, por UPTA, confirman desde el ministerio de Seguridad Social.

Según ATA, el Gobierno ha planteado en la reunión su intención de aplazar a 2023 la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización. Además ofrece un período transitorio de nueve años para la implantación del nueve sistema.

Otros detalles han quedado pendientes, como el número de tramos en que estará basado el nuevo sistema, y donde los autónomos deberán encajar su previsión anual de ingresos, a fin de ajustar cuentas con la Seguridad Social una vez cumplido el ejercicio, y de acuerdo a sus ingresos efectivamente realizados, según confirmó el líder de ATA tras la reunión, según Europa Press.

El responsable de ATA se mostró satisfecho del aplazamiento en la puesta en marcha del nuevo sistema, que da a los autónomos tiempo para “seguir negociando”. “Vamos a ver cuántos tramos de cotización habrá finalmente. En un primer momento se dijo que 13, pero ahora no sabemos si serán 5,7 o cuántos”, agregó Amor.

ATA también aplaude el período de transición de uno a otro sistema, de nueve años, que dará tiempo a adaptarse a los autónomos.

Del mismo modo, Eduardo Abad, de UPTA, celebró la duración del período de transitoriedad, si bien rehusó ahondar más en la propuesta del Ejecutivo hasta que este presente un documento definitivo.

Rectifica Escrivá

La propuesta del Gobierno de aplazar un año el nuevo sistema de cotización desdice en parte las palabras del propio ministro del ramo, José Luis Escrivá, quien anunció hace dos semanas en el Congreso su intención de aplicar el nuevo mecanismo a partir del 1 de enero de 2022.

El sistema ideado por Escrivá pretende aumentar los ingresos de la Seguridad Social, y mejorar el nivel de protección de los autónomos, un 85% de los cuales cotiza actualmente por la base mínima, fijada en menos de 950 euros al mes.

Sin embargo, el sistema planteado por el Gobierno es “complejo”, según recordó hoy ATA, y abre diversos interrogantes respecto al porcentaje de autónomos a los que afectará.

ATA sostiene que solo podría aplicarse a un millón de autónomos, un tercio del total de los cotizantes del régimen, y dejaría fuera a los autónomos en pérdidas, los societarios, los familiares colaboradores y los que cotizan por el sistema de módulos.

Otro escollo reside en los autónomos cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera la base mínima actual; es decir, unos 945 euros multiplicados por doce meses.

Según Escrivá, el nuevo sistema permitiría reducir la cotización a esos autónomos con ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), aunque parece claro que al precio de rebajar su nivel de protección; esto es su futura pensión de jubilación, o las prestaciones por incapacidad temporal o permanente a que pudieran tener derecho.