Si nadie lo remedia, y parece que no lo va a remediar, en unos días entraremos en una fase nueva de la gestión democrática, la democracia judicial, que viene a ser una exageración o exacerbación del rol que la justicia tiene destinado en el sistema democrático. Entramos en una fase obligatoria de algo de lo que los políticos se quejan continuamente, la judicialización de la vida pública. Hablo de la curiosa salida, por no calificarla más gravemente, que el Gobierno de la nación va a dar al estado de alarma, endosando al Supremo un compromiso exprés, de difícil y problemática gestión.

El asunto tiene bemoles. Apenas unas semanas atrás el Gobierno ha sacado adelante una norma que limita las facultades del Consejo General del Poder Judicial para nombrar jueces y cubrir vacantes durante las prórrogas de su mandato. Esta norma ha merecido toda clase de críticas por parte de instituciones, especialistas y los propios magistrados y jueces. Pero ahí está. Y como dato, aportado por el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una entrevista con EFE, en ésta sala se va a dar un déficit de cinco magistrados.

Ahora, el Gobierno, que ha dispuesto de un año para  buscar una salida legal y operativa a la situación de excepcionalidad constitucional, se saca de la manga un decreto por el cual el Tribunal Supremo, la sala de lo Contencioso-Administrativo y en un plazo perentorio de cinco días, deberá atender los recursos que generen los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, sobre normas ad hoc que adopten las autonomías para limitar derechos ciudadanos en pos de paliar los estragos de la pandemia y que tengan alcance constitucional o así les parezca.

La incoherencia hace mucho tiempo que campa a su aire por el territorio político, porque ninguna comunidad autónomas ha planteado una propuesta concreta sobre la solución a la excepcionalidad. Algunas desean una nueva prórroga, que va claramente contra el espíritu constitucional y, sin embargo, tiene la ventaja de endosar al Gobierno toda la responsabilidad. Otras, junto con el Gobierno, prefieren directamente el encontronazo judicial, para comprometer a los tribunales superiores y por elevación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Supremo. Así, siempre les quedará alguien a quien echar la culpa.

No rompo mi compromiso de mantener al margen de mis artículos las decisiones concretas adoptadas en cuanto a lo específicamente sanitario. Lo mantengo. Pero es incalificable la actitud de las diversas administraciones y de las Cámaras nacionales y autonómicas en cuanto a la asunción de responsabilidades por acción u omisión en esta situación extrema.