El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha urgido a las comunidades autónomas a aumentar las inspecciones en las residencias de mayores españolas tras la «catástrofe» que han vivido como consecuencia de la pandemia, pues en ellas han fallecido por Covid unos 30.000 mayores.

«Es urgente que las comunidades autónomas aumenten su capacidad inspectora, dado el gran número de residencias existente y los diferentes modelos de gestión», subraya el Defensor del Pueblo en su informe anual, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se ha publicado este jueves 5 de mayo.

La institución señala que ha recibido «numerosas» quejas por lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia y lamenta que lo que ha sucedido en ellas «pone de manifiesto el escaso interés por la dignidad de las personas que en ellas están internadas», así como un «inadecuado modelo de atención a los mayores».

El Defensor del Pueblo atribuye este «fracaso» a «las insuficiencias que se puedan atribuir a los propietarios, empresarios privados» así como a «la deriva que desde el establecimiento del actual sistema han incurrido las administraciones competentes, permitiendo un fenómeno generalizado de privatización, agravado por su escasa actividad inspectora».

Tras precisar que el 72,8% de las plazas residenciales para mayores son de titularidad privada, Fernández Marugán precisa que, en la medida en que las administraciones «externalizan» los cuidados, deben efectuar «un control mucho más estrecho».

Entre las posibles causas del drama en las residencias, el Defensor del Pueblo cita la «subestimación del riesgo» que entrañaba la Covid-19 durante los meses de enero y febrero; los primeros aislamientos preventivos ineficaces –pues no se tenía en cuenta a los asintomáticos–, o la saturación de los servicios sanitarios.

«La asistencia sanitaria, bien en hospitales o en los propios centros residenciales, no llegó a tiempo», constata el Defensor del Pueblo, subrayando la necesidad de «reforzar la coordinación de los centros residenciales con los servicios autonómicos de salud».

Derivación a hospitales

En este sentido, sobre el protocolo de derivación a hospitales, la institución explica que lo «ético y exigible» es «singularizar clínicamente» las decisiones de esta naturaleza y «nunca» basarlas en «restricciones genéricas referidas únicamente a una determinada condición como la edad, la discapacidad o el grado de dependencia».

Además, señala que, en caso de que no haya indicación médica de hospitalización, tiene que garantizarse que en la residencia el mayor tendrá la atención sanitaria debida, y debe estar prevista la inmediata medicalización de los centros.

«Durante los dos primeros meses de la pandemia, esta medida no se llevó a cabo, o se hizo de manera muy imperfecta en muchos casos y territorios», advierte Fernández Marugán.

En este contexto de falta de «planes eficaces de contingencia», con «plantillas muy ajustadas», y con «infraestructuras y recursos materiales básicos y en muchos casos insuficientes», el Defensor del Pueblo insta a abordar «una revisión del modelo residencial geriátrico».

Entornos más pequeños

En concreto, la institución viene recomendando en los últimos años que se tienda a la generación de «entornos más pequeños y domésticos», en los que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas mayores; un entorno que además, facilitaría el control de pandemias, según indica.

También reclama la revisión al alza de las ratios obligatorias de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial, especialmente de auxiliares gerocultoras. «No debe aplazarse», subraya el Defensor.

Asimismo, aconseja incorporar en todas las normativas autonómicas sobre residencias la presencia de profesionales de enfermería, medicina, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional y trabajo social; y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, con «bajos salarios y alta la temporalidad».

Sobre la imposición de prohibiciones absolutas de salidas de mayores de las residencias o sobre las visitas de familiares y amigos, el Defensor dice que supone «una afectación intensa de la libertad de movimientos» que, «en caso de establecerse en cualquier circunstancia y sin posibilidad alguna de modulación, puede resultar desproporcionada».

«Para proteger a los mayores y a los trabajadores de las residencias, mientras dure la emergencia sanitaria causada por la pandemia y persista el peligro para la salud pública, algunos derechos fundamentales de los residentes pueden restringirse pero la restricción, para ser proporcionada e idónea, habrá de condicionarse a la situación de riesgo epidemiológico en el centro y en su ámbito geográfico, y ajustarse a las condiciones personales de los usuarios», subraya.

El Defensor del Pueblo también advierte de una «falta de datos homogéneos» sobre las residencias de mayores y la «dificultad en obtenerlos», por lo que pide «un protocolo común de declaración de datos muy detallado y coordinado con definiciones únicas y herramientas modernas de gestión de datos».