Una mirada clínica y ética, una aproximación desde la experiencia médica más cercana y un análisis sobre las lagunas y defectos jurídicos. La mesa redonda Y después de la ley española de eutanasia, ¿qué?, organizada en la Universidad Villanueva, ha ofrecido tres perspectivas sobre un tema candente por más que la legislación lo dé por zanjado. Moderada por el profesor de la Universidad Villanueva Santiago Leyra, ha contado con el oncólogo y profesor de la UAM Manuel González Barón, el experto en medicina paliativa Ángel José Sastre y la profesora de Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad Villanueva María José Valero.

Manuel González Barón ha diferenciado dos conceptos: sufrimiento y dolor. “Al enfermo es muy difícil tratarlo medicamente por el sufrimiento. Lo que hay que tratar es de ayudarle a buscar cuáles son sus propios recursos, investigar en su personalidad para ayudarle a afrontarlo”, ha explicado. Para el experto oncólogo, el dolor es hoy en día combatible médicamente, y es el sufrimiento el que debe tratar de ser abordado de otra forma, resumida en una máxima: “Contra el dolor físico, opioides. Contra el sufrimiento, amor””.

El sufrimiento lleva a menudo a la desesperanza. Pero González Barón ha insistido en que hay que hablar de sedación paliativa y en unos términos muy precisos: “Tiene un marco ético y no es un derecho del enfermo ni de la familia: es una indicación tan precisa e importante como una cirugía a corazón abierto. Ha de tener unas condiciones: que exista un síntoma refractario, un consentimiento informado y una conversación con el enfermo; que los fármacos tengan una vida corta en sangre y que exista antídoto, porque la sedación paliativa debe tener siempre la posibilidad de reversión”.

Una línea similar ha defendido Ángel José Sastre, con una amplia experiencia profesional acompañando a enfermos terminales, quien ha subrayado que “la Ley de la Eutanasia aporta al enfermo la sensación de ser una carga». Sastre ha lanzado diferentes reflexiones sobre la eutanasia. “¿Vamos a hacia una sociedad progresista o regresista? Las sociedades avanzan cuando cuidan de sus débiles”, ha defendido.

Sastre también ha insistido en el problema que supone la irreversibilidad, algo que ha ilustrado con diferentes casos vividos por él, con enfermos que, tras estar al borde de rendirse, le han agradecido no hacerles caso en sus peticiones. “Cuando alguien te pide que termines con su vida, te dan ganas de decirle que cambie de médico”, ha asegurado el médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Por su parte, María José Valero abordó desde el punto de vista jurídico la Ley de Eutanasia. La profesora de la Universidad Villanueva ha hablado de derechos, dignidad y conciencia: “La conciencia es un juicio de moralidad, esa capacidad de los seres humanos de tomar nuestras ideas y llegar a un juicio de valor de aquello que está bien o está mal. Esto es un derecho reconocido como fundamental”.

Valero explicó que para el Derecho supone un reto regular la objeción de conciencia, pues chocan dos conceptos básicos: “Para el Estado, cuando alguien ejerce una objeción de conciencia está poniendo en una balanza por un lado la conciencia y por otro la Ley”. Aplicado a la Ley de Eutanasia recién aprobada en España, la solución ha sido incorporar cláusulas en la propia Ley, convirtiéndola en una “opción de conciencia”.

Pero esta forma de abordar la objeción de conciencia invita a “considerar al médico objetor como una categoría sospechosa de persona no avanzada, no progresista o que no sigue el ideario de moda de ese momento”. Valero ha explicado así que “el reproche que el objetor supone a la ideología de la Ley suele lastrar las cláusulas. Hasta el punto de que casi parece que el objetor de conciencia es el infractor”.

Valero ha analizado la obligatoriedad del profesional objetor de conciencia de apuntarse en un registro. “Los registros son siempre peligrosos, no por el registro en sí, sino por el uso que se hace de ellos”, ha señalado la profesora, advirtiendo de la “no remota posibilidad de que esos registros se conviertan en criterios de empleo”.