El Gobierno reducirá las obligaciones mayoristas contempladas en la subasta de la banda de 700 MHz y reducirá la cargas fiscales de los operadores para incentivar el despliegue del 5G, anuncia la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación, Nadia Calviño, que ha presentado la hoja de ruta del 5G a los operadores que firmaron el Acuerdo por la Conectividad en marzo de 2020.

Éstos se comprometían a hacer los mayores esfuerzos para garantizar las
capacidades de operación y supervisión de las redes y la agilidad de
respuesta ante incidentes. Las empresas adquirieron, de esa manera, compromisos adicionales a las garantías de mantenimiento del servicio de conectividad tras la pandemia.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla una inversión
de 4.000 millones€ hasta 2023 para impulsar la conectividad, el
5G y la ciberseguridad. La Estrategia de impulso de la tecnología 5G,
presentada en diciembre de 2020 en el marco de la agenda España Digital
2025, habla de una inversión pública de 2.000 millones para impulsar el despliegue, con especial atención a las zonas rurales, y fomentar la I+D+i tanto para la realización de pilotos innovadores y proyectos que contribuyan a dotar de conectividad 5G los grandes motores socio-económicos como para generar capacidades para el desarrollo
futuro del 6G.

La Hoja de ruta para el fomento de la inversión en redes y servicios 5G
compartida hoy con el sector incluye la optimización de las bandas de
frecuencias de espectro asignadas a través de la reordenación de la
banda de 3,5 GHz (3.400-3.800 MHz).

También prevé modificar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF), actualmente sometido a consulta pública, para incorporar las
condiciones técnicas armonizadas, válidas para 5G, de cada una de las
bandas de frecuencia armonizadas en Europa para servicios de
comunicaciones electrónicas.

Con el fin de establecer un modelo de despliegue sostenible, la Hoja de
ruta modifica algunas de las condiciones para la licitación de la banda
de 700 MHz, una de las bandas prioritarias para 5G, cuyo texto preliminar
se sacó a consulta pública en enero de 2021.

La Hoja de ruta suprime las obligaciones mayoristas que se habían
considerado inicialmente en determinados bloques de frecuencias y
precisa el contenido de la obligación y ajusta los plazos para su
cumplimiento de las obligaciones de cobertura impuestas a cada uno de
los bloques.

Adicionalmente, se prevé la ampliación de la duración de las concesiones
de espectro radioeléctrico, que será mínimo de 20 años y pueden llegar
hasta los 40, medida que ha sido aprobada en el Real
Decreto-ley 7/2021 de 27 de abril.

En lo que se refiere a la agilización del despliegue de infraestructuras, se
incluyen medidas tales como un procedimiento fast-track para los
permisos necesarios para desplegar redes de telecomunicaciones
mediante la ocupación del dominio público (carreteras, ferrocarriles,
confederaciones hidrográficas) y la implementación de la caja de
herramientas de conectividad, publicada por la Comisión Europea en
marzo de 2021.

También se fomentará, en el ámbito europeo, la elaboración de directrices
de ámbito comunitario que faciliten la compartición de
infraestructuras y espectro y se elaborará una Guía de Buenas
Prácticas de despliegue para Administración local, enmarcada en las
directrices de la citada caja de herramientas de conectividad adoptada por
la Unión Europea.

Modificaciones de fiscalidad

La Hoja de ruta propone modificaciones de la fiscalidad para los
operadores de telecomunicaciones. Entre ellas, revisar la aportación que
realizan los operadores de telecomunicaciones a la Corporación
RTVE, establecida en el artículo 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

También se está trabajando de cara a reducir temporalmente la tasa por reserva
de dominio público radioeléctrico en las frecuencias armonizadas por la
Unión Europea para ser utilizadas en los servicios 5G.