El Govern de la Generalitat encargó al Institut d´Estudis Autonòmics un informe jurídico sobre su propuesta sobre el concierto económico. El Govern lo estudió ayer y según su portavoz Francesc Homs “lo analizó y lo asume totalmente”. Y es que el citado estudio de este instituto dependiente de la consejería de Governació “los argumentos del concierto económico no entran en colisión con la Constitución ni con el Estatut ni contradice el derecho de la Unión Europea”.

Este estudio será entregado a la comisión parlamentaria que desde hace semanas se reúne a puerta cerrada para estudiar el tema y ofrecer sus propuestas el 31 de octubre. Sin embargo, para no interferir en la campaña electoral, el pleno del Parlament que estudiará el tema no se realizará hasta pasados los comicios.

El portavoz explicó que el estudio considera que la vía para que Catalunya pudiera acceder al concierto económico se podría articular a través de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) sacando Catalunya del régimen común de la misma manera que ya no lo están el País Vasco, Navarra y Canarias, por lo que consideró que la consecución de este objetivo “depende más de la voluntad política”. Otra vía que apunto es realizar una ley específica para este tema o incluso utilizar la delegación de competencias por parte del Estado contemplada en los artículos 150.1 y 150.2 de la Constitución.

Aseguró Homs que si Catalunya logra un régimen económico propio no tendría que afectar a lo que perciben las autonomías del régimen común, dotando el Gobierno de mayores recursos para el resto de autonomías o a través de una aportación menor por parte de Catalunya a las necesidades financieras del resto del Estado que en la actualidad “dedica recursos a actividades en las que no tiene competencias”.

El PSC, en palabras de su primer secretario José Montilla, sin embargo continúa sosteniendo que la propuesta del concierto económico no tiene cabida en la Constitución.