El ministerio de Trabajo ha presentado hoy las líneas generales de su política para los próximos años. Una política con la cual se pretende “revolucionar el mercado de trabajo”, acabar con la precariedad y potenciar el empleo de mujeres, jóvenes y colectivos desfavorecidos, mediante la aplicación de once reformas — algunas ya en marcha — y la inversión de cerca de 2.365 millones de euros, procedentes en buena parte del escudo anticovid levantado por la Unión Europea (UE).

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado este lunes el contenido del llamado Componente 23; una panoplia de medidas de carácter laboral, con las que España aspira a captar 140.000 millones en créditos y ayudas no reembolsables. El objetivo es atajar el paro estructural y la excesiva temporalidad del mercado de trabajo español, dos asignaturas pendientes.

Para ello, la ministra del ramo no ha dudado en tirar de palabras grandilocuentes al calificar sus planes como “una auténtica revolución en el mercado de trabajo español”, aquejado del mal crónico del paro “estacional, coyuntural y estacional”, y debilitado por la falta de estabilidad en el empleo de entre el 25% y el 35% de la población, que trabaja habitualmente con contrato temporal en las últimas décadas.

“Estamos hablando de lo que nunca se ha hecho”, ha dicho, tras confirmar que entre las reformas previstas figura derribar la política laboral del PP y su reforma de 2012; especialmente en lo relativo a las reglas de la negociación colectiva, y la posibilidad de modificar en profundidad las condiciones de trabajo en caso de crisis.

Parte de las reformas ya están en marcha, como las que regulan el trabajo a distancia, la normativa sobre plataformas digitales y la de igualdad y transparencia retributiva. En este caso, con aún más énfasis, Yolanda Díaz ha dicho que “Europa está aprendiendo de lo que estamos haciendo en España”.

Pero lo cierto es que, en el resto de casos, la agenda es complicada. Y se presenta apurada de plazos. El Gobierno pretende demoler la reforma laboral del PP. Y desea hacerlo en siete meses, aunque en el menú se incluyan sapos, como devolver la primacía al convenio de sector sobre el de empresa, la plena vigencia de los convenios caducados hasta que se sustituyan por uno nuevo; y retirar de manos de los empresarios las ventajas logradas en 2012 a la hora de adaptarse a las crisis, con rebajas de sueldos y recortes de otros derechos.

Perseguir el abuso de la contratación temporal

El plan, con once reformas y siete inversiones, mira especialmente al sector turístico y al campo —donde se desea estimular el uso de contratos estables— en parte de sus inversiones. Pero la principal va destinada a estimular el trabajo de los jóvenes, con tres programas que acaparan 765 millones de euros; un tercio del total de la inversión prevista.

Los cambios son de calado. Y afectan casi a cada área del extenso campo de las relaciones laborales. Desde la legislación, con cambios sobre la mesa de negociación con sindicatos y empresarios para revertir la citada reforma laboral, evitar que la subcontratación sea un colador por donde se escapen salarios y derechos, y sobre todo, una reforma de las modalidades de contratación, que necesitará algo más que mano izquierda en la mesa de negociación; hasta otros asuntos, como la digitalización de la Administración, la renovación de las plantillas públicas y las bonificaciones de los contratos.

De hecho, Yolanda Díaz, a la hora de comentar sus planes, ha reconocido que estos planes contra el abuso de la contratación temporal serán un camino difícil. Y se ha referido incluso a la “cultura de la dominación” a la hora de calificar a las empresas que dan de baja a sus trabajadores cada viernes para volver a contratarlos el lunes.

En este sentido, el Ejecutivo, según se conocía ya, pretende borrar de un plumazo 35 años de historia de abusos de la contratación temporal, y comenzar a perseguir a las empresas que utilicen el contrario eventual para cubrir plazas en realidad fijas. Pero no dice cómo lo hará. Y reconoce que las empresas prefieren recurrir a estos contratos ultracortos pagando incluso penalizaciones.

En este sentido, el Ejecutivo plantea que el turismo —y también el campo— recurra más al contrato fijo-discontinuo para la contratación de temporada, al igual que ya se hace en Baleares, según ha recordado hoy la ministra.

Tres programas de empleo juvenil

La millonaria inversión en empleo joven se estructurará en tres programas, muy ligados al empleo público. Un primer programa denominado Tándem, que servirá para formar a jóvenes de 16 a 29 años en el seno de proyectos de interés “público y social” llevados a cabo por órganos y organismos de la Administración central del Estado (AGE), con 120 millones de inversión.

Un segundo programa, para jóvenes desempleados, ofrecerá una “primera experiencia profesional” en las Administraciones Públicas, con 330 millones de inversión.

Mientras que el tercer programa, ‘Investigo’, se dedicará a jóvenes investigadores en Universidades, centros de investigación, y también en “empresas”, dotado con 315 millones.

Los ERTE permanentes

El Ejecutivo tratará de aprovechar la experiencia adquirida durante esta pandemia, especialmente con la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que han permitido, a cambio de una millonaria inversión, hibernar el empleo mientras se despeja el panorama sanitario y económico.

Hasta tal punto que ahora se pretende crear una herramienta permanente basada en estos ERTE, que permita a las empresas reducir la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores cuando llegue una crisis. Quedan sin embargo importantes incógnitas. La principal, la financiación. Se pretende articular un fondo que nutra de dinero esta herramienta, con el cual pagar los salarios de los trabajadores en ERTE. El Estado está dispuesto a poner su parte —gracias a la financiación europea; de momento —. Pero está por ver que los empresarios y los trabajadores accedan a poner la suya en este fondo tripartito, planeado para la reconversión de los ERTE después de la pandemia.

Principales reformas previstas

Los planes del Ejecutivo son amplios y se han ido conociendo de distintas maneras. Algunos ya se han aprobado. Y otros se están negociando, lo que impide dar detalles de su concreción final. Sin embargo, dada su ambición, merece la pena repasar, al menos, el mamotreto de asuntos que contienen este componente 23 presentado a Bruselas.

En el apartado de reformas, destacan además de las ya aprobadas la simplificación de contratos y el objetivo de devolver la causalidad a la contratación temporal y generalizar la indefinida; la modernización de las políticas de empleo, con una importante inversión en digitalización de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), y la meta de reorientar las bonificaciones a la contratación, destinándolas solo a parados y a la contratación estable o indefinida; los citados ERTE pospandemia; el reequilibrio de las reglas de la negociación colectiva; la revisión de la subcontratación; y una reordenación del bloque asistencial de protección por desempleo.