El director de Filiales de Cesce, Jesús Urdangaray, avisa en Madrid Platform que si bien todavía «no han aflorado» crisis de impagos o de insolvencias empresariales en Latinoamérica como consecuencia de la pandemia, pronto lo harán.

También destaca que las empresas españolas que consigan «sobrevivir» a las crisis de impago derivadas de la pandemia «saldrán más reforzadas y preparadas para beneficiarse de los crecimientos y apoyos de Estado».

Urdangaray ha incidido en que las empresas españolas con presencia en Latinoamérica han salido «victoriosas» de la crisis, puesto que no han sufrido un impacto fuerte por pérdidas de contratos o insolvencias. En este sentido, el representante de Cesce ha señalado que las perspectivas para las empresas españolas en Latinoamérica «son muy positivas», debido a las necesidades de infraestructura de la región.

Más educación

Por otra parte, el especialista de educación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Juan José Leal, reclama impulsar las habilidades y competencias educativas en la región para una mejor incorporación al mercado laboral.

Y avisa de los peligros de la automatización de los puestos de trabajo, que perjudicará principalmente a personas con bajas cualificaciones: «Hay muchos puestos de trabajo que se pueden quedar fuera».

El secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), Gabriel Muyuy, denuncia fallos en la inclusión de pueblos indígenas, ya que todavía existen «problemas estructurales» en las relaciones con las empresas yuna visión «paternalista» del sector privado.

«Aquí hay que cambiar el chip, no somos pobrecitos, hay todo un potencial, un conocimiento milenario y una visión sobre el desarrollo, la vida, el entorno y el hábitat que hay canalizar a través de una participación efectiva en las tomas de decisión y el diseño de las políticas públicas», argumenta Muyuy, que subraya que en Latinoamérica existe un potencial de jóvenes universitarios que, sin embargo, no cuentan con la garantía de una participación efectiva en el sector privado.