La seguridad jurídica y la certidumbre normativa son dos condiciones inexcusable para cualquier proyecto. También  o especialmente, para cualquier proyecto económico. Y en esto, nuestro Gobierno no es nada fiable.

El documento programático más que casuístico enviado por el Ejecutivo español a las autoridades europeas para significar sus intenciones a corto plazo, y que éstas se hagan acreedoras a las ingentes ayudas planificadas por Bruselas, parecería que representaba era una voluntad, un compromiso, a pesar de moverse de generalidades a pequeñeces y hasta insignificancias y vuelta a las generalidades, Así, como un compromiso, se entiende en Bruselas y así lo entendemos los españoles, al menos los que hemos leído de cabo a rabo el documento.

Pero estamos equivocados, en Bruselas y en España, porque de compromiso no hay ninguno. Ni siquiera del Gobierno consigo mismo. Prácticamente todas las medidas de corte tributario o parafiscal enunciadas por el Gobierno en estas últimas semanas, se han matizado hasta dejarlas como un enunciado simple de intenciones, cuando no se han aplazado ya (antes de que las instituciones europeas se pronuncien) sine die  o se niega directamente a los lectores su capacidad de entender las cosas.

Los campeones de la rectificación en este Gabinete son su portavoz y ministra de Hacienda y el número tres del PSOE y ministro de Fomento. Entre los dos no dan abasto a la hora de decir que lo que se ha enviado a Bruselas es un papel que nos piden a cambio de enviarnos ellos miles de millones de papeles de curso legal.

Hace años solíamos tildar al Gobierno de cada curso de fabricante de globos-sonda legislativos. Se lanzaba la idea (muchas veces nos la contaban a alguno para que el instrumento fuéramos los periodistas) y si había bronca del tipo que fuera, bastaba con decir que no era esa la intención o que el periodista fantaseó. Las rectificaciones no se producían porque nunca formalmente se había formulado la propuesta.

Ahora es mucho peor. La propuesta figura en un documento público, emitido por un ministerio o por la propia Moncloa, al alcance de todo el que lo quiera ver, o ha sido anunciado de viva voz por un miembro del Ejecutivo, ya digo, la farraguista ministra de Hacienda o el cara de piedra del ministro de Fomento, mayormente.

La influencia que el varapalo electoral en Madrid haya tenido en el ánimo rectificador del Gobierno, lo dejo para los de la política. Pero a los actores de la economía, que lo somos todos, no se les puede amagar con medidas que no gustan a nadie, incluso admitiendo que fueran necesarias, y a las primeras de cambio devolverlas al cajón. Entre otras cosas, porque en Bruselas ya están encima de la mesa.