El pleno del Congreso de los Diputados da hoy luz verde a la primera ley de Cambio Climático y Transición Energética de España después de un largo proceso de elaboración y de negociaciones. Una amplia normativa que medidas en varios ámbitos y que fija metas con diferentes plazos, si bien con objetivos globales: caminar hacia una economía más competitiva y sostenible en la que la transición energética, que servirá para proteger la naturaleza, es una de las bases.
Con esta ley España se fija el reto de la eliminación de las emisiones contaminantes, con la descarbonización plena de España en 2050.Y para lograr ese difícil objetivo se establece apoyos y prohibiciones, que han sido, en algunos casos, polémicos, como es el fin del uso de los vehículos que usan combustibles fósiles. En conjunto la normativa servirá para que España cumpla con los compromisos asumidos con la Unión Europea y el Acuerdo de París, que ahora cuenta con más relevancia con la vuelta de Estados Unidos con la presidencia de Biden.
Y el texto habla de obligaciones y de lo que significa en las actividades económicas y en la vida cotidiana. Destaca que la limitación de las emisiones condiciona las políticas sectoriales e implica cambios en los patrones de consumo. «Pero esta transformación conlleva ventajas relacionadas con la modernización del modelo productivo y el sistema energético, y ofrece oportunidades de empleo, de negocio y de crecimiento
siempre que se incorpore una perspectiva de medio y largo plazo que facilite la descarbonización ordenada de la economía».
La ley cuenta con dos fechas clave para su desarrollo: 2030, cuando España deberá reducir un 23 % las emisiones respecto a 1990, y 2050, año para alcanzar la neutralidad climática
La reducción de la elevada dependencia energética española del exterior también se contempla: del 74 % en 2017 al 61 % en el año 2030 como consecuencia de la caída de las importaciones de carbón y de petróleo. Caídas que se deberán a la transición hacia una economía más eficiente y basada en tecnologías renovables en varios ámbitos. Más proyecciones: la transición energética promovida permitirá movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión entre 2021-2030. El empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final del periodo.
La ley de Cambio Climático no ha sido recibida de la misma manera desde los diferentes sectores afectados, casi todos en el ámbito económico. Las eléctricas en general estiman que crea más oportunidades en la inexorable marcha hacia las energías verdes y para el desarrollo de nuevas tecnologías en las que competirán con otros países. El apoyo para la rehabilitación de los edificios es considerado como un nicho para la actividad de las constructoras.
Por contra, para las petroleras algunos objetivos pueden ser inviables y provocar nuevas dependencias. La ley señala que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial y la plataforma continental.
Durante su tramitación parlamentaria, la norma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, ha contado con el apoyo mayoritario de ambas Cámaras, pero ha debido superar el veto presentado por Vox
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