En sendos escritos de advertencia enviados a ambas entidades, sindicatos e Inspección de Trabajo, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Dirección General de Trabajo confirma que ha recibido las comunicaciones de despido colectivo presentadas por BBVA y por CaixaBank y resalta que el reglamento para estos procedimientos establece que la autoridad laboral debe velar por la efectividad del periodo de consultas, cuyo desarrollo «debe ajustarse a una serie de condiciones de forma y de fondo».

Por ello, envía un requerimiento a ambas entidades para recordarles que «deben cumplirse todos y cada uno» de los requisitos formales enumerados en la norma complementaria, adquiriendo «especial trascendencia» en los presentes ERE los requisitos de fondo, «dado que la intención empresarial comunicada presenta elementos de especial gravedad y trascendencia, tanto por el impacto que tiene sobre el empleo, como, en particular, por sus efectos sobre las personas trabajadoras, sobre las que eventualmente resulten afectadas por el despido comunicado y también sobre aquellas que no lo sean».

La Dirección General de Trabajo, «siempre desde el respeto a la autonomía negociadora de las partes», ha advertido expresamente por escrito de la obligatoriedad de que en el periodo de consultas se debatan las medidas dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y a atenuar sus consecuencias respecto de las personas afectadas, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento.

En este sentido, recalca que el artículo 8 de medidas de acompañamiento social cita primero las dirigidas a evitar o reducir los despidos, en un orden que la Dirección General de Trabajo «no interpreta como casual».

En consecuencia, ha requerido formalmente a las empresas BBVA y CaixaBank para «el desarrollo de un periodo de consultas que sea estrictamente respetuoso con las formalidades y, en especial, con cada uno de los contenidos recogidos en la normativa aplicable y, en particular, con aquellos referidos en este documento», concluyen los escritos firmados por la directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero.

El diario ‘El País’, que adelanta la noticia, señala que la Inspección de Trabajo tiene que acompañar el proceso y emitir un informe sobre él, documento que suele tener mucho peso en caso de que no haya acuerdo y el conflicto llegue a los tribunales.