El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos procedentes del NextGeneration EU incluye acciones para reformar y modernizar las Administraciones Públicas, impulsando la mejora de los servicios públicos digitales que se prestan a ciudadanos y empresas con proyectos ten áreas como la justicia, el empleo, la salud y la seguridad social, y con un refuerzo de las infraestructuras de la ciberseguridad en el ámbito público.

La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Trasformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, han presentado el detalle de las inversiones y reformas destinadas a la modernización y digitalización de la Administración Pública. El Plan prevé destinar 20.000 millones€ hasta 2023, lo que supone más de un 30% de sus inversiones, a la transformación digital, acelerando y reforzando la agenda de reformas e inversiones impulsada por el Gobierno desde hace casi tres años y plasmada en la Agenda España Digital 2025.

Su ejecución constituye uno de los ejes trasversales esenciales para lograr el proceso de transformación de la economía española y generará una movilización de inversión privada adicional estimada en 50.000 millones.

Modernización de las Administraciones Públicas

El Plan de Recuperación contempla reformas e inversiones para adaptar la Administración Pública a los retos de la sociedad contemporánea, impulsando los servicios públicos digitales que se prestan a ciudadanos y empresas, con una inversión total estimada en 4.315 millones. El objetivo es que los principales servicios a la ciudadanía sean plenamente accesibles a través de dispositivos móviles.

Se pondrá en marcha un nuevo modelo de identidad digital que simplifique la realización de trámites con la Administración, haciendo más fácil, por ejemplo, la identificación y la firma electrónica.

El Plan prevé mejorar la eficiencia interna de las Administraciones mediante el uso de soluciones de automatización e inteligencia artificial que servirán para reducir tiempos de gestión y dar una atención más rápida, en la gestión de prestaciones por desempleo, subvenciones y contratación pública. Las acciones pasan también por el ámbito de la salud, con la mejora de la coordinación interna y la puesta en marcha la creación de espacios de datos comunes y modelos predictivos antes de finales de 2023, o de la Justicia, con la gestión de trámites a través de dispositivos móviles o conexión de los sistemas de gestión procesal para poder celebrar juicios telemáticos.

El Plan de Digitalización contará con una inversión de 2.600 millones para avanzar hacia una Administración Pública más sencilla, ágil y eficiente para el ciudadano, de los que al menos 600 millones se destinarán a comunidades autónomas y corporaciones locales. Reformas para la modernización de la Administración-

Para llevar a cabo la verdadera modernización de las Administraciones Públicas, además de la transformación tecnológica, se requiere de decisiones para mejorar la gestión, entre otras, agilizar los procesos y reforzar el capital humano: reducir la temporalidad en el empleo público, reforzar las capacidades, plan de captación del talento, plan de Gobierno Abierto, sistema público de evaluación en las Administraciones Públicas, refuerzo de la cooperación interterritorial, reforma de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y aprobación del Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población y de los Municipios en Riesgo de Despoblamiento.

Reducir la temporalidad al 8%

La temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las Administraciones, pero no a todas por igual. En la Administración General del Estado, la temporalidad es del 8%, frente al 13% de media en los ayuntamientos y del 30% a nivel autonómico, en su mayoría, en los servicios de salud y educación. El objetivo es situar la tasa de temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas españolas por debajo del 8%, con procesos selectivos, reformando el Estatuto Básico del Empleado Público para impedir que una plaza con carácter estructural esté ocupada durante más de 3 años por una persona sin contrato fijo, y estudiando una herramienta de planificación de recursos humanos (sobre la tasa de reposición).

La temporalidad en la Administración Pública debe tener carácter excepcional y una duración máxima delimitada. El objetivo es culminar los procesos de estabilización de 2017 y 2018 con un último proceso para estabilizar en total a 300.000 trabajadores interinos que ocupan plazas estructurales, hasta el 31 de diciembre de 2024.

Nueva estrategia de acceso a la Administración

Todo esto se concreta en que antes de que acabe mayo, el Gobierno presentará la nueva estrategia de acceso a la Administración Pública, anuncia el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta. En ella se premiarán las aptitudes y las actitudes sobre la capacidad memorística que hasta ahora imprimía el carácter de las oposiciones.

La «obsesión» del Gobierno no es aumentar el número de empleados públicos, sino «rejuvenecer la plantilla, recualificarla y atraer talento», ya que la mitad de la Administración General del Estado se jubilará en diez años y solo el 12% del personal tiene menos de 40 años. Iceta asume que la Administración está compitiendo «en desventaja» en retribuciones con el sector privado.