El Gobierno ha reiterado hoy que derogará la reforma laboral del Partido Popular. No solo en cuestiones como el reparto de poder entre empresarios y trabajadores al negociar convenios; o las facilidades para tirar a la baja salarios y derechos; o las normas de subcontratación, con idénticos resultados. Sino también en recuperar el control administrativo sobre los ERE, perdido en 2012 tras la reforma de los ‘populares’, y que hoy algunos echan en falta en plena tormenta de despidos colectivos.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, afirmó hoy en el Congreso estar dispuesta a “buscar una fórmula que permita actuar” a las autoridades cuando las empresas presentan un expediente de regulación de empleo (ERE) o despido colectivo.

La ministra, que reiteró su intención de derogar la reforma laboral del Partido Popular este año, y se comprometió ante el Parlamento a comparecer en diciembre en caso de que se trunquen esos planes de derogación, hoy debatidos por empresarios y sindicatos en la mesa de diálogo social, enumeró la lista de asuntos pendientes de su departamento, en medio del asedio de la oposición, que le echa en cara el incremento del paro durante la pandemia, pero sobre todo, precisamente esos planes de derogar el edificio legal construido por el PP para salir de la anterior crisis.

Así Díaz aguantó durante la sesión de control este miércoles en el Congreso los embates de los ‘populares’, centrados sobre todo en la muy anunciada derogación, que no se acaba de plasmar, aunque, según el PP, constituirá un desastre de tal magnitud, que arriesga incluso la llegada de fondos prometida por Bruselas, en el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los ‘populares’ hurgaban así en la herida abierta en el Gobierno en torno a la derogación de esta reforma, por la división entre quienes defienden los cambios de calado, como la propia Díaz, de Unidas Podemos; y quienes apuestan por conservar algunos aspectos de la reforma ‘popular’, como la socialista vicepresidenta económica Calviño.

Bonificaciones, un “peso muerto”

La ministra de Trabajo rechazó ofrecer más detalles sobre sus intenciones de trastocar el tablero de juego levantado por los ‘populares’ en 2012, en atención, dijo Díaz, a la obligada “discreción” con que deben tratarse los asuntos que hoy están sobre la mesa del diálogo social a la que se sientan junto al Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

En cambio, sí reiteró sus planes de reequilibrar el juego de poder entre empresarios y sindicatos cuando estos negocian un convenio colectivo, trasmutado en 2012 en favor de los empresarios, a fin, dijo, de recuperar el carácter “tuitivo” o protector de la parte más débil en una relación laboral.

También pretende el Gobierno retocar el recorte a la vigencia de los convenios caducados, y ampliar el plazo en que permanecen vigentes o en ultraactividad, limitado a un año por la reforma del PP.

Además Díaz recalcó su intención de ampliar los derechos de los trabajadores que trabajan en las subcontratas, regulados por el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores; así como “garantizar la estabilidad en los contratos”, poniendo coto así al abuso en la utilización del contrato temporal.

Finalmente la ministra tildó de “peso muerto” el esquema actual de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social. “Las bonificaciones van a cambiar completamente porque son un peso muerto para la economía y no sirven para los objetivos que nos hemos dado”, reiteró.

En cambio, Días pasó de puntillas sobre otro asunto, reclamado por la diputada de ERC, Marta Rosigue, quien demandó a la ministra que recupere el salario de tramitación, una paga que garantiza ingresos a los trabajadores en tanto se dicta sentencia en los juzgados sobre su despido.

A su vez Díaz no contestó a la demanda de otro diputado, Oskar Matute, de Euskal Herria Bildu, quien pidió recuperar las indemnizaciones por despido anteriores a la reforma del PP; si bien el anuncio de la ministra de que el Gobierno buscará fórmulas que actuar en caso de los ERE se produjo tras la pregunta de este diputado, que recordó la anulación de los despidos en la empresa PCB ITP, en sentencia no firme, y auguró los mismo resultados para otro ERE, como el de Tubacex.