(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente y comisario de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la UE, Maros Sefeovie y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet durante la presentación del proyecto España 2050
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el informe ‘España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’, en el que el Ejecutivo desgrana un conjunto de objetivos para esa década que, en materia de redistribución de la riqueza, pasan por elevar la recaudación fiscal hasta el 43% del PIB en 2050, ocho puntos más que ahora, y por reducir a la mitad la economía sumergida, desde el 20% al 10% del PIB.
En el documento, de unas 700 páginas, el Gobierno asegura que el sistema fiscal español recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que el de otros países europeos, situación que se agravó a partir de la crisis de 2008. Según el análisis del Gobierno, la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal se debe, por un lado, a las características del tejido productivo, pero también al «elevado» peso de la economía sumergida.
De esta forma, apunta que en 2019 la recaudación fiscal de España fue del 35% del PIB frente a una media de 41% de la UE-27 y del 43% de la UE-8, por lo que el objetivo del plan ‘España 2050’ es situar este porcentaje en el 43% del PIB en 2050, con dos pasos previos: lograr el 37% del PIB en 2030 y el 40% en 2040.
De hecho, el Gobierno ha encargado a un comité de expertos un estudio sobre el sistema fiscal español, que deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022, y la intención del Gobierno es que algunos de los cambios fiscales puedan entrar ya en vigor en 2023, siempre que la recuperación económica se haya consolidado.
En el caso concreto del IRPF y del IVA, que son las figuras tributarias que más recaudan en España, el documento del Gobierno afirma que los beneficios fiscales de ambos merman su recaudación; mientras que en el caso del Impuesto sobre Sociedades sus ingresos han caído «sustancialmente» desde la crisis de 2008.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, afirma que la falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, «notablemente» su alcance.
A la vista de este análisis, propone una serie de cambios en el sistema tributario, «de forma progresiva en el tiempo», que afecten, también, a los tributos cedidos a las comunidades autónomas y las administraciones locales.
Concretamente, apuesta por ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal, y para ello, propone un «mayor escrutinio» de los beneficios fiscales manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de «efectividad, eficiencia y equidad».
Eliminación progresiva de módulos y estimación objetiva
Asimismo, afirma que los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, apuesta por racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional, con el fin de eliminar las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales en este impuesto, que acaban «sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles».
Tipo mínimo en sociedades
En el ámbito internacional, indica que se debe trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países, y añade que si finalmente no se alcanza un acuerdo en la OCDE, España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de ‘Base Imponible Común Consolidada’, además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en este impuesto.
La reforma «integral» de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE-15, es otro de los objetivos que se marca el Gobierno a largo plazo.
Asimismo, asegura que debe replantearse el papel del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las haciendas autonómicas «para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables», las cuales «minan» el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad.
Elevar la fiscalidad al alcohol, tabaco y combustibles
También apuesta por modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE, y por crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica.
Finalmente, y de cara a los cambios tecnológicos de aquí a 2050, el Gobierno aboga por reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.
Elevar la tributación del capital
Igualmente, apunta que si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, «como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas», habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos.
Por ejemplo, afirma se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.
Alza del 50% en la productividad para que el PIB crezca un 1,5% anual
MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) –
El Producto Interior Bruto (PIB) español podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo.
«Esto nos permitiría recortar la brecha en renta per cápita que nos separa de la UE-8», ha señalado el Ejecutivo en el proyecto ‘España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo’ presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Aunque desde el Ejecutivo admiten que conseguir este fuerte repunte de los niveles de productividad «puede parecer mucho», lo cierto es que varios países europeos, incluido España, ya lograron un progreso similar en el pasado reciente.
Según destaca el Gobierno, el hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación o la transición ecológica «aumentan las probabilidades de conseguirlo», según ha recalcado el Ejecutivo.
No obstante, en ausencia de mejoras de productividad, la contracción de la fuerza laboral podría hacer que la economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que España registró entre 1996 y 2019, lo que alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.
Para evitar este escenario negativo, España tendrá que hacer una apuesta decidida y contundente por la educación (desde el nacimiento hasta la senectud), multiplicar sus esfuerzos en I+D, acelerar la modernización del tejido productivo aprovechando las oportunidades de la digitalización y la transición ecológica, fomentar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas, reducir al máximo las distorsiones generadas por las trabas administrativas, y atajar con éxito el problema de la economía sumergida.
Sin apoyo demográfico: 4 millones de personas menos trabajando
El problema de la baja productividad española no está, por tanto, en un determinado sector, sino que afecta a la práctica totalidad de la economía, siendo causado por cinco factores transversales que limitan la eficiencia del conjunto de nuestro tejido productivo: el capital humano, la capacidad innovadora, la implantación tecnológica en el tejido empresarial, el marco institucional, regulatorio y laboral y el funcionamiento del tejido empresarial, indica el documento.
A diferencia de lo que ocurrió en el pasado reciente, en las próximas décadas España no va a contar con el apoyo de la demografía para crecer. La mayoría de los pronósticos apuntan a que el envejecimiento de la población se traducirá en una reducción severa de la fuerza laboral, incluso si se logra mantener el saldo migratorio de las últimas dos décadas.
En concreto, apunta que la población española de entre 16 y 64 años podría caer en 3,7 millones de personas de aquí a 2050,
situándose por debajo de los 27 millones (niveles de 1996). Esto significa que, a mediados del presente siglo, en España podría haber casi 4 millones de personas menos trabajando, generando riqueza y pagando impuestos.
Así, solo por este efecto demográfico, el país pasaría de crecer a tasas del 2% (promedio del período 1996-2018) a hacerlo a tasas del 1%. Si a este escenario de menor población en edad de trabajar, se suma una dinámica de la productividad similar a la observada durante las últimas décadas, entonces el crecimiento económico podría ser incluso más reducido: de entre 0,3% y 1,1%, en media, para el período 2023-2050.
Objetivos: reducir la brecha per cápita con la UE a un 10%
Ante esto, el Gobierno ha fijado una serie de objetivos para ganar productividad, entre los se plantean reducir la brecha de renta per cápita que separa a España de la UE-8 a un 10% en 2050, además, de elevar la productividad laboral de la economía de aquí a 2050 hasta niveles próximos de los países de la UE-8.
También se proyecta aumentar la tasa de empleo del 62% al 80% antes de mediados de siglo e incentivar la I+D privada para que, junto con el impulso a la I+D pública, aproximar los niveles en 2030, al objetivo del 3% del PIB y al menos en el 4% en el 2050.
Por último, el Ejecutivo ve necesario incrementar el tamaño medio de las empresas y reducir el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE de aquí a 2050.
La Inteligencia Artificial «creará más empleos de los que destruye»
El Gobierno defiende en el plan España 2050 que la robotización y el aumento de la automatización no «aumentará el desempleo estructural de forma inexorable». Porque aunque se reconoce que el avance tecnológico propiciado por las aplicaciones de Inteligencia Artificial destruirá muchos empleos, también generará otros.
Históricamente, estas aplicaciones de revoluciones tecnológicas en el mercado laboral «en el medio y largo plazo siempre acaba creando más empleos de los que destruye».
Entre los empleos que se destruirán por la automatización, se hace mención a los contables, y a los guardabosques, cuyo número disminuirá con la popularización de los drones.
Entre los nuevos empleos, se encuentran el desarrollo, gestión y reparación de estas nuevas tecnologías, o los surgidos en la realidad virtual, como el jardinero de Minecraft, el entrenador de avatares o el jugador profesional de e-sport.
El informe destaca la importancia que tendrán en la demanda de empleos las habilidades tecnológicas, científicas y matemáticas, habilidades cognitivas avanzadas, transversales y sociales y físicas y no repetitivas.
Y recomienda ser «realista» en cuanto a las posibilidades digitales de España, ya que hay países que llevan décadas invirtiendo y están más avanzados en este campo: «Es fácil soñar con una España puntera en informática cuántica, Industria 4.0 e Inteligencia Artificial. Sin embargo, la experiencia histórica revela lo difícil que resulta transformar de manera sustancial la estructura productiva de un país en un periodo breve de tiempo, o alcanzar a competidores que llevan décadas invirtiendo en el desarrollo de ciertas tecnologías».
Y recomienda ser «muy quirúrgicos» con las inversiones estratégicas que se realicen, especialmente en el reparto de fondos europeos.
Muchas de las propuestas del informe España 2050 están ya incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el diseño de un plan integral de ayuda a la transformación digital con foco en los autónomos, la digitalización de servicios estratégicos como la sanidad, o la creación de una plataforma digital integral de gestión administrativa para pymes y autónomos.
Todo esto supone acercar la Inteligencia Artificial a las pymes, como adelantaba diarioabierto.es el 19 de mayo.
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