Todos los grupos del Congreso, menos Vox, han apoyado la aprobación del proyecto de ley por el que se elimina la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, derogando términos y figuras como la tutela, la curatela, la patria potestad prorrogada o la patria potestad rehabilitada, entre otras.

Lo hace a través de la reforma de las leyes Hipotecaria, del Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil y Ley de Notariado. De esta forma, se modifican acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.

Esta iniciativa no busca «un mero cambio de terminología» para convertirse en un texto «más preciso y respetuoso», sino que quiere modificar «el enfoque de la realidad» para que éste sea «más acertado» y «advierta» sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado «desapercibidas», como que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones».

El proyecto de ley sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una «ayuda técnica» en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales. Y la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene «únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo».

Tanto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como su homóloga de Derechos Sociales, Ione Belarra, han declarado ante el Pleno para mostrar su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa. «Por fin se garantiza la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad», afirma Belarra. Campo la ha calificado como una norma «justa», «social» y «digna», con la que se demuestra que «hay una nueva forma de hacer política», basada en «la fórmula del acuerdo político y de arrimar el hombro».

Rocío de Meer, de Vox, señala que la ley está basada en «un tremendo y gigante error»: pensar que «la dignidad de la personas reside en la voluntad», y que su partido cree en que la dignidad «es inherente al ser humano».

La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, se ha mostrado muy «orgullosa» del trabajo realizado, «con mucho debate» y con «mucho escuchar a expertos y a personas con discapacidad».

El portavoz del PSOE en esta materia, Miguel Ángel Caballero, recuerda que esta iniciativa comenzó con un Gobierno del PP y que se impulsó con el actual, y celebra que la política, por una vez, haya «pasado de la bronca a la cooperación» y de «un campo de combate» a un «campo de colaboración».

Desde el PNV, su portavoz en materia de Justicia, Mikel Legarda, destaca que esta ley supone una «evolución» en el concepto de discapacidad «situándola en el ámbito de los derechos sociales y humanos».

Su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, ha celebrado que el Congreso esté «votando avance» con este texto que, ha indicado, tiene «un enfoque con perspectiva de derechos humanos» que «respeta la autonomía» del colectivo en su toma de decisiones. «Estamos dando una gran respuesta a la diversidad social», destaca.

El representante de PdCAT, Genís Boadella, habla de un «enfoque moderno» que será «semilla» para la nueva legislación. El de Junts, Josep Pagès, cree que la ley pone «a prueba» la «capacidad de adaptación» de los ciudadanos. Y desde Unidas Podemos, Marisa Saavedra insiste en que esta ley hace a España un país «más digno y justo».