Desde el año 2008, las áreas rurales de una treintena de provincias españolas sufren el fenómeno de la despoblación. España es uno de los países de Europa que muestra más desigualdades en cuanto a polarización y existencia de desiertos demográficos. Al mismo tiempo, estas áreas están experimentando una pérdida progresiva de servicios, entre los que se encuentran los financieros.

El número de sucursales pasará de más de 45.700 a unas 20.000 a final de año, cuando el dinero en efectivo es el medio de pago más utilizado, especialmente en las zonas rurales, por lo que garantizar su acceso es fundamental para mantener su supervivencia.

El ‘Análisis del papel del dinero en efectivo en áreas despobladas de España’, elaborado por profesores de la Universidad de Zaragoza (Valeria Abarca, Alberto Conejos, Lucio Fuentelsaz, Julio Jiménez, Vicente Pinilla, Luis Antonio Sáez) avisa que el acceso a los servicios financieros es cada vez más restrictivo para una buena parte de la población en zonas despobladas y que «estamos ante un desmoronamiento del sistema financiero en amplias zonas rurales de España».

Dado que los servicios financieros son un elemento esencial para el arraigo en zonas rurales, las personas mayores, que representan el 28,5% de la población rural, sufren en mayor medida el desmantelamiento de la red bancaria, las dificultades de acceso al efectivo y los riesgos de exclusión financiera, generándoles inseguridad. Este segmento de población está ya englobado en lo que se conoce como consumidores vulnerables, para los que el efectivo sigue siendo su medio de pago dominante y es el factor determinante para su inclusión social. En definitiva, la falta de acceso al dinero en efectivo provoca exclusión social.

Luis Antonio Sáez, coordinador de este estudio, explica que “pagar en efectivo es una especie de derecho, que en el rural más periférico no pueden ejercer justamente las personas más frágiles, mayores, inmigrantes, los más jóvenes, en las que la liquidez es el modo más habitual». «De alguna manera, la capacidad de ciertas personas que ya tienen limitaciones en otros ámbitos, en su autonomía, ven en esta cuestión otra pérdida, que, aunque no es decisiva, se suma a varias, más aún en las pequeñas poblaciones”.

La dificultad de acceso al dinero en efectivo no afecta solo a los ciudadanos; el impacto en las economías locales es también cada vez más acusado. El pequeño comercio sufre las consecuencias de la mala conectividad digital en la España despoblada y la dificultad de acceso al dinero y a los servicios financieros de proximidad, sobre todo en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes. Las dificultades en el acceso al efectivo pueden desequilibrar la balanza en contra de la economía local. La elección del canal de compra digital frente al físico debilita también las redes comerciales de ámbito comarcal, lo que intensifica el debilitamiento de la propia economía local.

El análisis de la Universidad de Zaragoza constata que en el mundo rural se da en mayor medida un tipo de relaciones sociales y económicas que mantienen la liquidez como medio de intercambio principal. Sin embargo, la falta de acceso a los servicios de entidades financieras es de nuevo limitativa para el bienestar de sus ciudadanos y para la eficacia de un buen número de negocios. El ecosistema social y económico de las pequeñas poblaciones gira en torno al efectivo más que en otro tipo de comunidades. Y es que este tipo de transacciones tiene un porcentaje superior de frecuencia que en el mundo urbano, dado que genera confianza y proporciona una relación más humana, además de que su cultura de pagos asociada es más tradicional. En consecuencia, en aspectos relativos a la vida comunitaria, inherentes en la sociología de las pequeñas poblaciones, la liquidez adquiere un protagonismo que en los escenarios urbanos cotidianos no se percibe con tanta nitidez.

El análisis de la Universidad de Zaragoza señala que la solución a este problema no debe plantearse en términos estrictamente económicos. Las características del grupo de población más intensamente afectado aconsejan hacer hincapié en la dimensión social del problema, que los poderes públicos se comprometieran en la búsqueda de una solución por cuestiones de equidad y cohesión, fundamentalmente, aunque también de eficiencia, por cómo implica también al tejido económico local, y de fomentar la libertad del individuo para poder elegir el sistema de pago que más le convenga.

Medidas como la subvención a la instalación y el mantenimiento de los cajeros automáticos o facilitar la permanencia de las sucursales establecidas en las localidades más pequeñas, pueden resultar apropiadas. Los Gobiernos autonómicos y las diputaciones provinciales desempeñan aquí un papel primordial, en la medida en que tienen un enfoque territorial en las competencias que ejercen y un mejor conocimiento de sus comunidades rurales. La implicación directa de las administraciones más próximas proporcionaría un mapa coherente sin incurrir en el localismo, planteando, igual que se hace con el mapa sanitario o escolar, algún tipo de incentivo o colaboración que trate de minimizar las zonas sin acceso a estos servicios, concluye el informe.