La cúpula de Iberdrola ha reaccionado ante los mensajes que emergen y que apuntan a la posible intención de la Fiscalía Anticorrupción de llamar como investigados al presidente Ignacio S. Galán y otros directivos de los últimos años. El movimiento ha consistido en el envío de un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, para ofrecer la declaración voluntaria del presidente, los miembros del consejo de administración y otros directivos. La compañía señala que intenta eliminar cualquier duda sobre el contenido de la pieza que la Audiencia investiga sobre los supuestos encargos de espionaje que la eléctrica habría hecho a la empresa del comisario jubilado entre 2004 y 2017.

Además de contraatacar, la eléctrica quiere que los problemas inherentes a esta investigación estén encauzados de la mejor forma posible ante la junta de accionistas que se celebra en tres semanas, el próximo 18 de junio.

En el anuncio de la estrategia, que se envió este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberdrola señala que la comisión ejecutiva delegada del consejo ha optado por ponerse a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6 para que, «en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible, comparezcan para proporcionar su testimonio y, de esta manera facilitar la finalización de la investigación en curso.”