El que fuera presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el momento en el que se produjo la resolución del Banco Popular en junio de 2017, Jaime Ponce, ha quitado peso ante el juez de la Audiencia Nacional al papel que jugó este organismo ya que sólo aplicaba lo ordenado por la Junta Única de Resolución (JUR).

Reconoce que en la fecha previa a la resolución del banco hubo un contacto entre el FROB y la JUR porque se habían detectado problemas en el Popular. La JUR confirmó que el presidente del Popular, Emilio Saracho, había viajado a Bruselas para exponer la crítica situación de la entidad.

Se crea un equipo de trabajo para decidir qué hacer en caso de que sea necesario adoptar una decisión respecto a esta entidad, y tras analizar diferentes posibilidades consideran que la mejor opción para el Popular era la resolución y venta de negocio.

La declaración en calidad de testigos de Ponce y del director de Resolución de FROB, Javier Torres, se producía en el marco de la investigación que realiza Calama sobre dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

El juez pregunta sobre las declaraciones que realizó la presidenta de la JUR, Elke König, sobre el estado del Banco Popular a ‘Bloomberg’ el 13 de mayo de 2017 en las que señaló que el Banco Popular era uno de los casos que «estamos viendo». Ponce explica que mandó a König un correo electrónico diciéndole que había que mantener la cautela porque era información muy delicada. Lo mismo con la noticia filtrada poco después a Reuters, procede de la misma forma.

También pregunta el juez si se llegó a cuantificar que repercusión tuvieron esas filtraciones en la pérdida de liquidez del Popular. Ponce responde que no se cuantificó pero que es un cálculo difícil de hacer porque entran en juego más variables.

Sobre el hecho de que la resolución se llevara a cabo con una sola valoración provisional, sin un segundo informe, cuando la normativa apunta que debe haber uno definitivo, Ponce responde que fue así porque la JUR decidió que dado que ya había una valoración y puesto que un banco (el Santander) estaba dispuesto a comprar, no era necesaria otra valoración.