El sindicato de funcionarios CSIF rechazó hoy los planes del ministro de la Función Pública, Miquel Iceta, de despedir a los trabajadores interinos cuando cumplan tres años en el puesto. En su lugar, el sindicato — que hoy se pronunció contra el primer borrador del ministerio en esta negociación— exigió al ministro sanciones contra los gestores que abusen de la contratación temporal en las Administraciones.

El líder del sindicato Miguel Borra cargó contra el primer borrador puesto sobre la mesa por el ministro Iceta en la negociación dirigida a atajar la temporalidad en el sector público. En este primer borrador, el ministerio planteó a los sindicatos medidas drásticas contra el abuso de las interinidades, a fin de impedir que las plantillas públicas en los próximos años vuelvan a cargarse de interinos sin plaza fija.

Los sindicatos están de acuerdo con la intención de estabilizar el empleo público. Pero recelan del método elegido por Iceta. Una fórmula consistente en cesar automáticamente a los interinos que ocupen una plaza por espacio de tres años, sin ningún tipo de indemnización; y prohibir a esa Administración sacar a concurso o cubrir la vacante durante un año, lo que sobrecargaría de trabajo las plantillas.

Finalmente, los planes de Iceta pasan por exigir responsabilidades directas a los encargados de personal de estas Admnistraciones, con sanciones derivadas del incumplimiento de su obligación de atender debidamente la provisión de trabajo público, según este primer borrador adelantado por El Periódico.

Un “grave error”, según CSIF

Los planes de Iceta no gustan a los funcionarios. Al menos a CSIF, uno de los principales sindicatos del sector, cuyo líder Miguel Borra cargó hoy contra la manera de abordar el problema del político catalán. Iborra considera “inasumible” y “un grave error” la propuesta de Iceta, a quien ha pedido retirar “la amenaza de despedir al interino cuando lleve tres años en su puesto”; incluso aunque los planes de Iceta son para el futuro, y no afectan por tanto a las plantillas actuales.

Borra ha cifrado en 800.000 el número de trabajadores públicos sin plaza fija, en torno al 30%, lejos del 8% fijado como meta para las Administraciones; aunque otras fuentes elevan esa cifra a más de un millón, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

CSIF reclama sanciones contra los encargados de personal que alienten los contratos temporales en la Administración Pública; y reparaciones a los empleados afectados, entre otras peticiones que incluyen además ampliar la negociación más allá del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), así como perseguir con sanciones civiles, penales y administrativas a los responsables de estos abusos, a fin de que no se vuelvan a repetir.

Por su parte, el ministro Iceta, que rebaja la cifra de interinos en las Administraciones locales y autonómicas a 300.000, admite no obstante que el porcentaje de temporales en el conjunto de las Administraciones se encuentra lejos del 8% comprometido con los sindicatos y con Bruselas; llegando a superar incluso el 40% en algunos casos.

“Nos parece que la temporalidad es muy importante”, remarcó Iceta, quien confirmó sus planes de penalizar a las Administraciones que prolonguen más de tres años una plaza interina sin una persona fija — “van a perder esa plaza”, dijo, en una comparacencia reciente dedicada a presentar sus planes para agilizar los procesos selectivos en las Administraciones del Estado, donde planea estabilizar antes de 2024 unas 300.000 plazas hoy ocupadas por interinos.

Pero CSIF desconfía de los planes del ministro. Y exige dureza con los responsables de la mala gestión de personal. “Hemos tenido ya distintos procesos estabilizadores en este país y al final siempre nos vuelve a pasar lo mismo”, recalca hoy marte Borra, quien subraya la necesidad de fijar sanciones civiles, penales y administrativas a las Administraciones que incumplan el deber de crear el empleo estable necesario.