Con dos pruebas de estress a cuestas y un plan de reestructuración que aún no ha terminado de digerir, el sistema financiero español no parece estar muy de acuerdo con el plan de capitalización que acaba de anunciar el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, es una vuelta de tuerca más para mejorar su capital básico, que retraerá aún más sus beneficios y apretará hasta el último céntimo sus balances, ya que con los nuevos requisitos (entre un 7 y un 9% de capital básico) pocas entidades españolas pasarían la nueva prueba.

Pero no son los únicos, las medidas que propone Bruselas tampoco han gustado a los bancos alemanes y franceses, pese a que sus razonamientos son diferentes, porque a la postre deberán buscar dinero para recapitalizarse urgentemente, según les insta la CE. Y ante las nuevas exigencias, Alemania, Francia y España parecen hacer causa común para decirle a la autoridad bancaria europea (EBA) que reduzca las exigencias.

En el Gobierno español se encuentran estudiando todos los escenarios posibles, pero lo primero que les preocupa es que de elevarse los requisitos las entidades financieras españolas deberán elevar su capital inmovilizado, lo que aún imposibilitaría más la concesión de créditos de los que tan necesitados están empresas y familias, con la amenaza de la recaída en una recesión a la vuelta de tres meses. Algunos miembros del Ejecutivo no han ocultado su oposición a las nuevas medidas, que consideran como una «soga al cuello».

En este frente común alemán, francés y español, el equipo económico de José Luis Rodríguez Zapatero considera que no es un problema de exigencias sino de que la banca europea de los datos reales de sus balances, para evitar sorpresas como las del banco franco-belga Dexia, que tras aprobar las pruebas de estress de julio ha tenido que ser intervenido tres meses después. Y las autoridades comunitarias también deberían ser rigurosas a la hora de la analizar las cuentas presentadas.

El Gobierno español, por tanto, no se opone a que se realicen unas nuevas pruebas de estress, sino a que se eleven los requisitos de capital básico que deben tener los bancos, porque tras la reciente reestructuración del sistema financiero español -con cuatro entidades intervenidas- el nuevo examen sería suspendido por, al menos, otras 14 entidades que no alcanzan los nuevos requisitos (entre el 7 y el 9% de capital básico), lo que les llevaría a una nueva búsqueda de recapitalización en un mercado donde no hay liquidez.

Hasta el 23 de octubre hay tiempo para que los políticos convenzan a los técnicos sobre lo inoportuno de elevar las exigencias e imponer los mismos criterios de capital para cubrir la deuda soberana que tiene toda la banca europea, ya que en el caso de las entidades españoles el problema no tiene su origen en dicha deuda sino en los más de 600.000 millones de euros que los bancos tienen en activos de promotores inmobiliarios y suelo.

Por el momento, dos citas serán determinantes a la hora de esgrimir todos los argumentos a favor y en contra: la reunión prevista de los ministros de Finanzas del G-20 del próximo jueves y un día después el Ecofín, para que el domingo de esa misma semana (23 de octubre) se tome la decisión definitiva en el Consejo Europeo, después de que éste fuera aplazado una semana ante la falta de acuerdo entre los diferentes paísese que componen la Unión Económica y Monetaria.

En lo que parecen todos coincidir por el presidente del Consejo, Durao Barroso, es en la necesidad de coordinar las medidas de recapitalización de aquellas entidades que tengan riesgo sistémico, y cuya exposición a la deuda soberana sea muy elevada, siempre y cuando con vistas a llegar colocados en una holgada posición cuando se tengan que cumplir los nuevos requisitos exigidos por Basilea III en 2015. Y como si Barroso hubiera «copiado» el plan de reestructuración español, la CE propone que las entidades con problemas acudan al capital privado, apliquen medidas de reestructuración, se fuisiones o vonviertan deuda en capital. Sólo si con todas estas acciones no son capaces de eludir los riesgos, deberían ser apoyados por sus respectivos gobiernos, y si no pueden ayudarles, acudir al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Como en España, los bancos que hayan recibido ayudas no podrán repartir dividendos.

Junto a sus gobiernos, las patronales bancarias alemanas, francesas y españolas también han mostrado su rechazo. Así la patronal de banca alemana entiende que el impacto de los nuevos requisitos dificultaría la obtención de liquidez en el mercado. Pero además rechazan que no se pueda repartir dividendos porque así será imposible que ningún inversor entre en el capital de la entidad afectada; lo que el presidente de la patronal alemana ha calificado de «efectos contraproducentes».

Por su parte, la patronal española (AEB) recuerda que los actuales problemas de los bancos europeos (franceses y alemanes, sobre todo) se encuentra en la elevada deuda soberana que poseen de Grecia, algo que no ocurre con la banca española. Por este motivo, en la patronal bancaria recalcan que lo único que se conseguiría es generar «incertidumbre y confusión», poniendo a la mayoría de las entidades «bajo sospecha y desconcierto».

Otra dificultad añadida es que tampoco Alemania y Francia se ponen de acuerdo en qué instancia debe encargarse del rescate de los bancos. Alemania propone que sean los gobiernos de los bancos afectados, y Francia que sea el Fondo de Rescate europeo. España se encontraría más próxima a la propuesta de Nicolas Sarkozy.

A lo largo de este jueves, muchas más han sido las voces en contra de la propuesta de Barroso. Así Josef Ackermann, presidente del Deutsche Bank, ha puesto en duda que esa nueva exigencia de capital sea apropiada para reducir la crisis de la deuda pública. El Deutsche Bank sería uno de los bancos que suspenderían con las nuevas condiciones. Los argumentos de Ackermann son lógicos, ya que asegura que si son los Estados los que deben rescartar a sus bancos, se agrabaría aún su problema de deuda pública.

Ante esta polémica que irá en aumento hasta que se adopte la decisión definitiva, el Parlamento europeo ha mostrado su apoyo a la propuesta del Consejo Europeo, insistiendo en la necesidad de que se «coordinen» las actuaciones. No obstante, también han pedido a la CE que elebore una «hoja de ruta» para el plan de capitalización de la banca, con el que reestrablecer la confianza de los mercados, que incluya también medidas para reactivar el crecimiento económico, la inversión y la creación de puestos de trabajo. Y para ello, como paso previo, el Parlamento de la UE pide que se evalúe si se cuentan con recursos suficientes para poder controlar la crisis de la deuda. De no contar con suficientes recursos, propone la emisión de eurobonos, con los que además se fortalecería la disciplina presupuestaria y la estabilidad del euro.