Los juzgados de Palma de Mallorca no van a seguir tramitando los procedimientos del Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH), siguiendo los pasos de Menorca e Ibiza. Esto se traduce en que todos los afectados de esta comunidad autónoma estarán protegidos de fallos en firme que resulten desfavorables, mientras en Europa se sigue dirimiendo sobre este polémico índice que soportan cerca de un millón de familias, unas 25.000 en Baleares, según las estimaciones de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) tiene sobre la mesa dos cuestiones prejudiciales planteadas por juzgados españoles, una del 38 de Barcelona y otra del 2 de Ibiza, que exigen más claridad sobre el carácter abusivo, por falta de transparencia, de esta cláusula.

En enero, el Tribunal Supremo dictó una providencia de la que se deducía su intención de pausar los procedimientos en curso hasta obtener nuevas aclaraciones del TUE, ya que quería recabar “información del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la cuestión prejudicial elevada por el juzgado 38 de Barcelona, con dudas en torno al IRPH.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, declara que “la decisión de los tribunales de Palma va en la buena dirección y esperamos que se extienda por el resto de sedes judiciales de todo el país ya que la batalla del IRPH no se ha perdido, ni mucho menos”.

Hasta la propia Comisión Europea asegura seguir muy pendiente de la tramitación de las cuestiones prejudiciales sobre este índice, como así ha manifestado por escrito a Asufin en respuesta a su demanda contra el Supremo por la interpretación errónea del control de transparencia, en las cinco sentencias de noviembre pasado.

Asufin elevó en enero a la Comisión Europea una denuncia contra el Tribunal Supremo por la reiterada y sistemática vulneración de las directivas y tratados europeos en materia de protección al consumidor, haciendo hincapié en la contradictoria interpretación que hace en materia de IRPH.

En la misma, se insta a las instituciones europeas a realizar “las oportunas averiguaciones y en su caso abrir procedimiento de infracción” a fin de garantizar que en nuestro país se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión. La respuesta provisional de la CE ha consistido en esperar a que el TUE resuelva las dos cuestiones prejudiciales que tiene pendientes.

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