Cualquiera que tenga dudas a propósito del indulto que el Gobierno se propone conceder a los independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo, que no espere disiparlas con los alegatos a favor de la medida que salen del Gobierno y adláteres.
Es tal la indigencia de los motivos que aducen, que produce bochorno, no ya intelectual, sino simplemente coloquial. Hace unos días leí un artículo estupefaciente firmado por Joaquín Almunia, Enrique Barón, Manuela Carmena, Francisca Sauquillo et alia. Su argumentación principal (repetida, dos veces literalmente –problemas del corta y pega propios de estos papeles de autores múltiples- es como de aquel plúmbeo Derecho Natural que nos atizaba Martín Granizo.
Dicen los abajo firmantes, “La justicia y la legalidad no siempre coinciden. Recordemos que la legalidad cambia en función de ese desiderátum de alcanzar la justicia”. Dicho en defensa del indulto, la conclusión es que el Tribunal Supremo ignora tan sabio consejo y aplica la legalidad vigente en vez de saltársela y buscar directamente la justicia que, por si algún despistado no sabe qué es, ellos se lo van a aclarar para siempre.
Por si romos o indoctos, o las dos cosas, no sabe el Tribunal sentenciador qué era lo justo en el proceso, nos aclaran que la justicia está escondida en lo que denominan los valedores del indulto “la comprensión social del delito”. Parece trivializar demasiado un concepto como la justicia que algunos tenemos por muy elevado. Pero llevados por su fervor gubernamental, insisten.
“En el caso de Cataluña, la comprensión social del delito cometido, los porcentajes de opinión pública favorables a los condenados explican claramente la utilidad social del indulto, que acabará con esa antinomia entre una sentencia legítima y el rechazo que una parte importante de la sociedad catalana provoca”. Acabáramos. Los doctos redactores del artículo han descubierto qué es la justicia. ¡Nada menos que una utilidad social! Vamos, que la justicia es como un ambulatorio público o bonobús, una utilidad social.
Otro preclaro jurista constitucionalista, Pérez Royo, argumenta sagazmente sobre el indulto con otro poderoso pensamiento, el delito cometido por los independentistas es una “antigualla decimonónica, de cuando los pronunciamientos”. Curioso que viniendo de un jurista de la izquierda contumaz, se califique a los independentistas catalanes que incurrieron en el delito de sedición de antiguos y decimonónicos, ya que cumplieron cabalmente lo que la ley tiene previsto aplicar a su delictiva conducta.
Por si ha llegado algún lector a este punto y todavía tiene dudas, vamos a elevar el listón de autoridad hasta el propio presidente del Gobierno. “El odio y la venganza no están en la Constitución”, ha dicho Pedro Sánchez. Pero Grullo no lo hubiera mejorado. En la Constitución tampoco están los carriles bici ni el arbitraje asistido por el VAR ni cuántas copas de vino debe sacar el camarero de cada botella ni la estupidez ni que por hacer el bobo yo me rompa una pierna. Lo que sí está mandado en la Constitución, desde el mismo Preámbulo, es “consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, como expresión de la voluntad popular”. Aquí quería yo llegar, para dedicarles este mandato a Almunia, Barón, Carmena, Sauqillo et alia, a ver si se enteran de algo. (Algunos de los firmantes fueron diputados o senadores constituyentes, pero la memoria es flaca).
Todos estos eximios indultistas no aportan argumentaciones basadas en la lógica. Recurren a las falacias más baratas. A las clases de falacias que llamamos en periodismo inductivas, cuyos dos tipos, de simplificación y de información incompleta les deben parecer poco y les añaden otro tipo de falacia, de la clase deductiva, llamada en la jerga de falsa causalidad.
Los entusiastas del indulto no han dado otra clave que lo falaz, lo engañoso, para explicar su fervor. Es una pena. Podían habernos ayudado a saber qué es lo que nos conviene, pero desde las alturas no han ganado perspectiva, solo han perdido la vista y el oído. Y, principalmente la memoria.
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