El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la declaración de actuaciones coordinadas frente al coronavirus que aprobó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la semana pasada y comunicó, mediante orden, la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, asegura en su cuenta de Twitter, que las nuevas restricciones «son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños». «Para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo», insiste.

Se ha solicitado medida cautelarísima inaudita parte solicitada al amparo del artículo 135 Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa y, subsidiariamente, medida cautelar mediante su tramitación ordinaria de acuerdo con el apartado 1.b) del mismo artículo.

Aunque la impugnación de la orden comunicada pretende su íntegra anulación, la pretensión cautelar «se refiere a la suspensión de las medidas que causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable».

En la Comunidad de Madrid rige actualmente la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.

La Comunidad de Madrid subraya «el perjuicio que se deriva como consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra» e inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas especiales en materia de Salud Pública. A su parecer, es «evidente que esta competencia se viene utilizando, pues tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad».

Consideran que «sumir al ciudadano en un régimen de medidas voluble, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente, es una afrenta clara a la seguridad jurídica».

Para el Gobierno de Díaz Ayuso, la declaración «se encuentra viciada ante el hecho incuestionable de no haber sido adoptada por consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».