“La única solución posible es que a las entidades financieras no les resulten rentable la litigiosidad”, afirma el magistrado Juan Avello, en el seminario virtual organizado por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). “No hay que tener temor a decirlo, es la finalidad de toda empresa, ¿por qué hay litigiosidad? Porque con ella posponen el pago y se benefician de ello; hay que impedirlo”, argumenta.

“La litigiosidad que venimos arrastrando es producto de la mala praxis bancaria: las entidades están haciendo con la justicia criterio de caja: al deudor le sale barato acudir a la justicia porque en cuatro años no va a verse obligado a devolver el dinero”, añade.

El magistrado Avello, artífice de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de la UE sobre si es razonable que el usuario tenga que pagar las costas del proceso, en caso de acuerdo con la entidad, explicó que la cuestión no es debatir las buenas
o malas intenciones sino buscar soluciones. Y puso dos encima de la mesa. Por una parte, limitar el acceso a la casación, por la vía de “permitir que las audiencias provinciales inadmitan a trámite recursos de apelación, cuando resulten cuestiones ya resueltas o reiterativas”.

Y por otra, imponer el recargo del 20% a las entidades, “que ya lo tenemos en la Ley de Seguros”. En este caso, “como cuestión que afecta al servicio público”, dado que la
administración de justicia “se abona y paga entre todos los ciudadanos”. Según un estudio del Consejo General del Poder Judicial de 2010, el coste de un procedimiento verbal se fija en 2.300 euros. “Si una parte que ha visto rechazada reiteradamente sus pretensiones, persiste en su actitud debe responder con este recargo”.

Esta iniciativa es vista con buenos ojos por el magistrado Gerardo Martínez Tristán,
que resalta que “en los últimos 5 años, la litigiosidad bancaria es la más importante cuantitativamente, y va a permanecer”, porque “el sistema procesal español no está preparado para darle respuesta”.

El problema no es tanto de medios o jueces como de “la organización decimonónica que los sustenta”. «Con los medios que tenemos, se podrían hacer
una infinidad de cosas”.

El magistrado en excedencia Agustín Azparren recordó que “estamos en el pódium de la OCDE por litigiosidad, ocupando el tercer puesto”. «Tenemos 5.700 jueces, cuando se necesitarían 11.000 para que la tutela judicial fuera efectiva», añade. Hace falta un “cambio de cultura”, empezando por más instrumentos que descongestionen los tribunales: “desde la negociación entre las partes, ya sea por la mediación, o por otros que regula el anteproyecto: la conciliación pública o la privada; sin olvidar otros instrumentos como la opinión del experto independiente o la oferta vinculante”.

Una de las soluciones  es la implantación de una autoridad bancaria independiente. “Es una estrategia relevante que de una manera seria actuara en defensa de los consumidores”, defiende Martínez Tristán, que pone como ejemplo la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), creada en 2012: “Ha dado unos resultados fantásticos: no le duelen prendas sacar los colores al Gobierno”.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, considera interesante incluso que fueran las propias compañías las que financiaran esa Autoridad si eso supone que cuantas más reclamaciones tuvieran, más les tocase sufragar el coste. Algo en lo que sin embargo discrepó la abogada Almudena Velázquez: “que esté pagada por las propias empresas le puede otorgar un sesgo de parcialidad”.

Todos los ponentes coincidieron en tildar de pésima la primera pata de resolución de conflictos: los servicios de atención al cliente. En opinión de Martínez Tristán, “funcionan de pena y de dolor, y eso teniendo en cuenta que el bancario mejora en relación con otros ámbitos como el de telecomunicaciones o eléctricas”.