De la propaganda al barranquismo

09/06/2021

José María Triper.

Si este gobierno dedicara a gobernar la mitad del tiempo que dedica a la propaganda sería un gobierno homologable con la media de la UE y no el mayor desastre que ha gobernado España desde la Transición. Esta reflexión de un destacado ex alto cargo socialista viene a cuento a raíz del último informe del Banco de España en el que se constata que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros redujo el empleo entre 92.000 y 174.000 puestos de trabajo, justo cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prepara un nuevo aumento, en connivencia con los sindicatos y sin contar con la representación de los empresarios que son quienes crean el empleo y la riqueza en cualquier país democrático y con respeto al libre mercado y a la libertad de empresa.

Y esto sucede en un país en el que, a pesar de la euforia desmedida del Gobierno tras conocer los datos del empleo de mayo, el número real de trabajadores en paro se eleva a 5.528.126, sumando a los 3.718.250 del paro registrado, los 542.142 trabajadores que todavía permanecen en los ERTE, 434.856 con disposición limitada, 311.521 catalogados como “otros no ocupados” y 458.357 autónomos en cese de actividad. En el que la Seguridad Social confirma que se han cerrado 89.351 empresas desde el inicio de la pandemia, donde los autónomos han perdido más de 300.000 millones de euros en idéntico periodo y en el que los datos del último informe de Axesor muestran como las insolvencias “continúan en línea ascendente”, hasta alcanzar 2.509 procedimientos en los cinco primeros meses de este año frente a los 1.422 del mismo periodo de 2020, un 76,4 por ciento más.

No hace falta ser doctor en Economía, aunque te haya hecho otros la tesis, para saber que, si sube el SMI sin acuerdo y de forma desproporcionada a la situación real de la economía y de las empresas, favorece a aquellos trabajadores que ya tienen un puesto de trabajo, pero supone un muro casi infranqueable para el empleo de los parados y de los jóvenes. Precisamente cuando la tasa de desempleo juvenil en España alcanza el 15,4 por ciento, con datos del mes de abril, la más alta de la UE y duplicando la media de los 27 estados miembros de la Unión.

Con estas cifras, escalofriantes más que preocupantes, el gobierno sanchista sigue empeñado en derogar una reforma laboral que entre 2014 y 2019 ha propiciado la creación de medio millón de empleos anuales, y que en la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales establece que ningún empleo de carácter estacional se podrá cubrir con un contrato temporal, desconociendo o ignorando que los sectores productivos de la economía española es muy heterogénea y que no es lo mismo la industria que el comercio, la hostelería, la construcción o la agricultura.

Eso, sin tener en cuenta que como recordaba esta semana el presidente de la asociación de trabajadores autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, en los desayunos de Click Radio y TV, uno de cada tres contratos temporales que hay en el sector público es temporal, lo que supone en torno a un millón de temporales en la Administración y en las empresas con participación pública.

Cierto es, y estamos a favor, que hay que eliminar los abusos y mejorar la calidad del empleo y los salarios, pero con casi cinco millones y medio de parados la prioridad absoluta del gobierno, de los agentes sociales y de la sociedad entera debe ser la creación de puestos de trabajo para acabar con esa lacra social que nos sitúa como los campeones del desempleo de la UE.

Como decía también Lorenzo Amor “este país y este gobierno tiene que acabar con la propaganda y empezar los hechos”. A ver si se enteran y dejan de tirarse y tirarnos al barranco.

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