El caso se remonta a 2012, año en el que el Ejecutivo comunitario abrió expediente a España por incumplir la directiva que obliga a los Estados miembros a velar porque pueblos, ciudades o zonas de vivienda recojan y traten adecuadamente sus aguas residuales. Bruselas ya lanzó un ultimátum a España en 2015 y ahora da al país una nueva oportunidad antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.

«A pesar de la carta de emplazamiento enviada en 2012 y de un primer dictamen motivado enviado en 2015, España sigue incumpliendo, en términos generales, sus obligaciones en materia de recogida y tratamiento en 332 aglomeraciones», ha explicado la institución en un comunicado, en el que enfatiza que «España debería estar cumpliendo plenamente los requisitos de la directiva desde 2005».

Un total de 30 de estas aglomeraciones «carecen de sistemas colectores para sus aguas residuales urbanas», lo que supone que su tratamiento «depende parcial o completamente de sistemas individuales adecuados» que «no pueden alcanzar el mismo nivel de protección medioambiental que un sistema colector».

Además, las otras 302 aglomeraciones «tampoco cumplen los requisitos de la directiva pues las aguas residuales no entran en los sistemas colectores de aguas residuales urbanas, o no se tratan correctamente, ni cumplen las normas de postratamiento».

Por eso, Bruselas ha enviado a España un «dictamen motivado complementario» y el país dispone ahora de dos meses para «responder y adoptar las medidas necesarias». «De lo contrario, la Comisión podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE», amenaza la Comisión.