Ya saben, quienes me hayan leído, que la expresión mercado laboral me revienta. Por razones éticas y formales. Por ello me refiero siempre a las relaciones laborales, a falta de una expresión más exacta o menos difusa.

En este mundo laboral los alineamientos ideológicos son, al menos, tan acusados o más que en la política, porque se trata de intereses personales y colectivos vinculados a la forma de vida, a la satisfacción de las necesidades materiales, sino a un concepto muy de moda, aunque poco preciso, de calidad de vida, que atiende a lo material, pero también muy especialmente a la dignidad y el conocimiento humanos.

Por eso no es sorprendente el ataque furibundo que ha recibido el informe sobre los efectos de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por parte de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz y por otros epígonos de la izquierda, la ultraizquierda y los sindicatos. Una vez más, la evidencia empírica no sirve de nada, si lleva la contraria a los dogmas de los que dicen representar a los trabajadores.

La elevación a los altares de la izquierda a la sonriente Yolanda Díaz, pese a las contradicciones en las que continuamente incurre, me recuerda aquel mote con que le obsequiábamos a José Solís, ministro franquista de sindicatos, la sonrisa del régimen.

 A la señora Díaz le molesta que los investigadores más relevantes hayan concluido que la subida torrencial del SMI en 2019 haya supuesto menor crecimiento del empleo, menores salarios y reducción acusada de las horas trabajadas para los colectivos a los que se pretendía mejorar su retribución. No solo porque lo acabe de certificar el Banco de España, sino porque previamente otros análisis (Airef, BBV Research) habían formulado proyecciones hoy concordantes con los resultados reales del Regulador Financiero. Amenaza la señora Díaz con un contrainforme de sus expertos, neutrales, claro.

La airada reacción de una parte del Gobierno, las extremosidades barriobajeras de algún representante de la ultraizquierda no pueden ocultar varias cosas que son muy evidentes. El SMI no debería ser más que lo que fue en su momento, un indicador laboral, aplicable a determinadas prestaciones sociales. Su subida compulsiva por decreto, sin atender a ningún razonamiento sobre la productividad, ha traído los efectos negativos que los expertos han detectado, en el ámbito laboral, pero ha podido también dejar fuera de algunas políticas sociales a quienes aparentemente les ha beneficiado.

Como comentario final, miembros del Gobierno, de los partidos de la izquierda y de los sindicatos, como respuesta desviada al informe del Banco de España, han aludido a la favorable reacción del empleo al final del estado de alarma, atribuyéndose los méritos. Omiten que esa favorable reacción se ha producido sin que se haya producido ningún cambio en la reforma laboral de 2012, reforma que obsesivamente quieren eliminar. ¿Se entiende?