Configurada para aportar dividendos y provista de la ética del beneficio (la única válida para determinados políticos), la presidenta regional madrileña Isabel Díaz Ayuso ha proporcionado otra jornada de gloria al dirigente del PP, Pablo Casado, al acompañarle a la concentración de la madrileña plaza de Colón para colocar al rey Felipe VI en la diana de los indultos. “¿Va a firmar el Rey el decreto de los indultos?”, se preguntó intencionadamente en su discursito ante las cámaras de televisión, a menos del metro y medio reglamentario del líder supremo, Casado, quien se escaqueó de los periodistas y evitó rectificarla in situ. Así, por obra y gracia del sector triunfal y provocador del PP, tenemos de nuevo al Rey en el punto de mira del contencioso catalán. La Isabel de Colón lo ha metido en danza para empezar una semana que el Jefe del Estado dedica especialmente a Cataluña, con varios actos oficiales. ¿Por qué el PP le hace esto?

Cabe atribuir al concepto de libertad de Ayuso, que, según ella, consiste en hacer lo que le dé la gana, esa intención de deteriorar al monarca, instándole a incumplir su obligación constitucional y enfrentándole con los nacionalistas catalanes. Pero el asunto es demasiado serio para considerarlo una boutade más de la líder más votada por los madrileños. Hasta Edmundo Ball, el candidato de emergencia de Ciudadanos, que no alcanzó el 5% del voto para entrar en la Asamblea de Madrid y mantiene su escaño en el Congreso, ha reclamado una explicación y una rectificación. ¿Qué hará Casado, después de erigirse en máximo defensor del rey Borbón, cesando a la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo por unas opiniones –dijeron en agosto de 2020– menos comprometidas e insidiosas sobre Felipe VI? He ahí la cuestión.

Los periódicos afines a las derechas han evitado destacar la sorprendente declaración de Ayuso. La nitidez de la pregunta –¿Va a firmar el rey el decreto con los indultos?– cabe en un subtítulo o en un sumario periodístico, habitualmente dedicados a los aspectos más sobresalientes de una información. La cuestión lanzada por Ayuso no era retórica, precisamente, sino muy meditada, directa y cargada de intencionalidad. Y puesto que Felipe VI está obligado a firmar los decretos, he ahí la respuesta. El daño institucional y a la imagen del Rey ya está hecho, si bien, doña Isabel, la del dardo y el pinchazo de Colón, puede convocar a los medios de comunicación social y retirar la pregunta. Y su superior Casado todavía puede enmendarla y corregirla aunque salten chispas entre ellos y sus asesores.

De paso, el líder del principal partido de la oposición, podría realizar el pequeño esfuerzo didáctico de instruir a sus seguidores sobre el sistema democrático y constitucional que nos dimos tras el final de la dictadura, con una Monarquía Parlamentaria en la que el Rey no gobierna y sí, está obligado a firmar los decretos que le presente el Gobierno y las leyes que apruebe el Parlamento. Lo contrario sería un atentado contra la soberanía nacional, que ésta sí, reside en el pueblo. ¿Están Ayuso y Casado pidiendo al Rey que dé un golpe de Estado? Más allá del flaco favor que la derecha extrema y la extrema derecha hacen a la monarquía, ningún problema se ha resuelto creando otro mayor.