El director de Operaciones Corporativas del Banco Sabadell, Juan-Mateu Grumé, declara ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la quiebra del Banco Popular, que cuando analizaron la posibilidad de participar en la compra privada de esa entidad, rápidamente se percataron de que no les interesaba porque tenía unas ratios de solvencia «insuficientes». Para afrontar esa compra hubieran necesitado una ampliación de capital de 7.000 millones y ayudas del Estado.

Grumé menciona problemas con los créditos y en los adjudicados, y que el Popular necesitaba más provisiones de las que tenía.

Al estudio de la compra del Popular le denominaron ‘operación Fénix’. Destaca que el Popular era el banco con mayor número de activos improductivos. En relación a las tasaciones de éstos, las que les mostraron, o estaban efectuadas por entidades no autorizadas, o eran antiguas, o realizadas por firmas que dependían del propio banco–, o eran realizadas con criterios que no correspondían con las tasaciones ‘eco’.

Pablo Alonso Castellano, directivo del Bank of America Merrill Lynch Internacional Limited, comparece como asesor del Popular en la venta del Wizink Bank. Comprobó el plan de negocio del Popular, que aseguraba contar con provisiones de 5.000 millones y una generación de beneficios de 500 millones, no era creíble, y la entidad norteamericana decidió no continuar en el proceso.