Los ciudadanos seguimos mirando el reloj. Estamos aprendiendo a distinguir entre hora punta, llano y valle, con el respiro de los sábados y domingos y hasta festivos, que son todos y a todas horas valle. Y todo para que nuestro recibo de la luz no se dispare porque todos sabemos que España es uno de los países europeos con el precio de la electricidad más cara. El cuarto o quinto país más caro según quién nos lo diga.

Y mientras tanto en las subastas del mercado, el precio sigue subiendo. A nuestro circo financiero le siguen creciendo los enanos, mientras el Gobierno esperaba poner orden con su nueva normativa, lo único cierto es que ha puesto patas arriba nuestro bolsillo. Todo esto empezó el 1 de junio cuando entró en vigor la nueva estructura tarifaria, la de las horas punta, llano o valle. Y 18 días después Gobierno y eléctricas están a la greña, mientras los consumidores denunciamos y nos quejamos.

Y es que la vicepresidenta Teresa Ribera y la ministra de Hacienda María Jesús Montero se han tenido que poner al tajo para ver cómo solucionar el problema, cuya  única certeza es que teníamos una de las electricidades más caras y la seguimos subiendo. Su solución, de momento en estudio, pasa por reducir los impuestos eléctricos.

Montero ha puesto a sus expertos a trabajar para revisar toda la fiscalidad del sistema eléctrico y en qué momentos se producen los»picos puntuales» de más uso de electricidad como ocurrió cuando la tormenta ‘Filomena’. Resulta por lo menos llamativo que esta revisión que se está haciendo ahora, cuando llueven las críticas y las quejas, no se haya hecho antes de poner en marcha el nuevo sistema tarifario que, en teoría, persigue que no haya tantas variaciones al alza en el precio de la luz sino que sea más o menos estable a lo largo de todo el año.

Los españoles nos tenemos que quejar más porque a la vista de lo que está pasando resultado efectivo. Ahora, 18 días después de la puesta en marcha del nuevo sistema, es cuando están revisando los peajes y distribución de la electricidad, su producción y  consumo hasta llegar a la estructura de costes. Es en este último punto donde Hacienda tiene mucho que decir para aliviar la carga de las familias. Como ha precisado la vicepresidenta Teresa Ribera, no se descarta hasta rebajar el tipo impositivo del IVA sobre la electricidad, actualmente en el 21% y que hasta la OCU ha pedido que se baje al 10%, en búsqueda de ese alivio en el recibo. Poco pueden amortiguar el bono social o el bono térmico, cuando los impuestos son tan elevados sobre un bien tan esencial.

Y llegados a este punto, los otros «malos» de la película, las eléctricas, también denuncian. No por las subidas, evidentemente, sino que culpan de las subidas y del elevado coste de la luz en España a los impuestos. Así de claro lo ha dicho el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien ha asegurado que «el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad es la Hacienda Pública».

Galán hasta ha cuantificado una parte de lo que se van a las arcas del Estado: 2.500 millones por la venta de derechos de CO2, a lo que ha sumado los «cuantiosos impuestos al precio de la energía.

Claro está que en el caso de las eléctricas lo que realmente las escuece es que el anteproyecto de ley del Gobierno pretende recortar sus ingresos a través de -según ha explicado Galán- «cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras» con el denominado dividendo de CO2.

De momento, y dado que el diálogo entre los que han diseñado el proyecto de ley (Gobierno) y los afectados por sus medidas (eléctricas y consumidores) ha brillado por su ausencia, se apunta en la dirección más efectiva: reducir los impuestos, cargas y tasas a la electricidad, que suponen el escandaloso porcentaje del 60% del total del recibo de la luz.

Lo corriente sobre la corriente (eléctrica).