La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF) , Cristina Herrero, y el director del curso de la Apie, Amancio Fernández. (Fotografía de Manuel Casamayón/Apie)
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF), Cristina Herrero, critica en el curso de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander que el Plan de Recuperación carezca de una hoja de ruta de planificación fiscal, con objetivos y calendario. De esta forma, es prácticamente imposible conocer el impacto en las cuentas públicas de las reformas y de las inversiones contempladas en el Plan.
«La única referencia» que figura en el Plan de Recuperación es que éste tendrá un impacto de dos puntos en el PIB y un 0,4% sobre el crecimiento potencial, y una creación de 800.000 empleos. «No hay referencia más concreta de efectos en el Plan de Recuperación», resalta Cristina Herrero, que además también critica que la actualización del programa de Estabilidad contempla unas previsiones «de forma poco precisa».
La presidenta de la Autoridad llega a comparar la actitud del Gobierno español con la de otros países europeos que «sí han entendido» esa necesidad de acompañar la plurianualidad del plan fiscal con las reformas previstas a partir de 2024.
Es «fundamental que haya una hoja de ruta», fijar «los grandes hitos para dotar de confianza y seguridad a los grandes agentes económicos» y «saber cuál es el marco en que se va a fijar su actividad en medio y largo plazo», con el coste de las medidas y objetivos concretos para la mejora de la calidad de un marco de gobernanza, «claramente mejorable», insiste Cristina Herrero.
Foco en la sostenibilidad
En ese sentido, la presidenta de la Autoridad insiste en que la sostenibilidad debe ser el eje central de la nueva gobernanza que plantee Bruselas en el marco de la reforma de las reglas fiscales, en suspenso desde marzo de 2020. Cristina Herrero precisa que la suspensión de las reglas fiscales no ha implicado en ningún momento falta de supervisión ni desatención al medio plazo.
En la fase de normalización, que se iniciará en 2022, la Comisión Europea sugiere aplicar políticas fiscales que apoyen la actividad, pero más prudentes en los
países con un elevado nivel de deuda. Y a partir de 2023 planteará un refuerzo de la
sostenibilidad en el marco de la reforma de las reglas fiscales. En la nueva gobernanza, la deuda será la variable discriminatoria en la definición de las orientaciones fiscales, por lo que instituciones independientes como la AIReF jugarán un papel clave en el análisis de la sostenibilidad y las estrategias.
Sobre el Plan de Recuperación, Cristina Herrero avisa de los riesgos de una mala selección de los proyectos y de eventuales retrasos en la implementación de reformas e inversiones o en los desembolsos de los fondos europeos.
La AIReF estima para su escenario central una reducción del déficit de las Administraciones Públicas hasta alcanzar el 3,5% del PIB en 2024. En cambio, las expectativas de mejora para la deuda pública son modestas, ya que proyecta una reducción de la ratio sobre el PIB de 7,6 puntos para el año 2024, hasta el 112,4%. Cristina Herrero deja muy claro que no es un problema exclusivo de España, ya que la ratio de deuda pública también bajará despacio en Italia, Francia y Alemania.
La Autoridad avisa que la pandemia sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas
en una posición de mayor vulnerabilidad. Y si el déficit estructural se mantiene similar al
previsto para 2024, el 3,5%-4,5% del PIB, la deuda se estabilizaría en niveles superiores al 100% del PIB.
En el medio y largo plazo, el envejecimiento de la población y un posible
endurecimiento de las condiciones de financiación se vislumbran como los principales
riesgos. Un incremento de un punto porcentual de los tipos se traduce en un
gasto adicional acumulado en intereses en 2024 superior a 15.000 millones€.
El escenario base sobre la evolución del gasto en pensiones de AIReF sitúa a la
deuda pública en el 165% PIB en 2050.
Por esos motivos, la presidenta de la AIReF enfatiza la necesidad de diseñar
una estrategia fiscal a medio plazo para reconducir la deuda a una posición menos
vulnerable, que implique a todas las Administraciones Públicas y que incorpore todos los impactos del Plan de Recuperación.
Al mismo tiempo, la calidad en la evaluación de las finanzas públicas debe ser protagonista de la estrategia fiscal a medio plazo.
Las autonomías tendrán que devolver 3.000 millones
Por otra parte, la presidenta de la Autoridad avisa que las comunidades autónomas deberán afrontar la devolución de unos 3.000 millones€ en 2022 por la liquidación negativa de los recursos recibidos por la Administración central para afrontar la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia.
Cristina Herrero reconoce que el Gobierno ha contemplado esta situación en la última actualización de su programa de Estabilidad, señalando que «se dará una solución para evitar la caída de recursos a las comunidades autónomas», pero critica que ésta «no se especifica con datos», y que la alusión se produce «con la vaguedad que caracteriza» a este documento.
Bajar el IVA de la luz costará 1.300 millones anuales
La bajada del IVA de la luz del 21% al 10% tendrá un impacto en las cuentas públicas de unos 1.300 millones€ anuales. «Es verdad que esa rebaja podría suponer un aumento de la demanda, con lo cual podríamos estar hablando de una horquilla de entre 1.100 y 1.300 millones», matiza Cristina Herrero.
Este cálculo solo se refiere a la medida de bajar el IVA y no incluye la propuesta de suspender temporalmente el 7% que grava sobre la producción de electricidad. De producirse también esta segunda medida, el impacto sería de 1.000 millones adicionales. «Pero entra como ingreso pero también es un gasto que va a compensar el déficit tarifario, con lo cual ahí la incidencia en déficit no se produciría», explica.
Se trata de una medida temporal y que «la temporalidad, en principio, no tiene por qué comprometer la sostenibilidad». «Cuando uno habla de la sostenibilidad de las cuentas públicas, está hablando siempre de una medida a medio plazo y nos preocuparía más la entrada de un gasto de carácter estructural, que es el que siempre decimos que hay que vigilar: una medida de gasto estructural requeriría una medida de compensación», precisa Cristina Herrero.
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