¿No habrá hoy ni diez socialistas, diputados y altos cargos que tengan la dignidad y la vergüenza para decir yo no me humillo y se levanten o dimitan antes que refrendar con su silencio o con su voto los indultos? Así se lamentaba un veterano exdirigente del PSOE, ya fuera del partido, mientras escuchaba a Pedro Sánchez justificar la decisión del Consejo de Ministros de indultar a los golpistas catalanes del 1-O, condenados conforme a la ley, en un juicio justo y con todas las garantías procesales.

Indultos que se pretenden explicar bajo el eufemismo de la utilidad pública pero que, como decía también el que fuera diputado socialista y primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, sólo son útiles para quienes salen de la cárcel y para Pedro Sánchez que se garantiza seguir en La Moncloa. Y que tampoco garantizan la convivencia y la concordia porque ni los indultados se han arrepentido ni tampoco, ellos y sus partidarios, han renunciado a sus propósitos secesionistas. Al contrario, proclaman y repiten que lo volverán a hacer.

Unas medidas de gracia que el Gobierno otorga en contra de la opinión de casi el 70 por ciento de los españoles, tal y como muestran las encuestas, y del 59 por ciento de los catalanes, con los informes contrarios del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, que rompen la igualdad entre los españoles, comprometen la defensa de nuestra integridad territorial en Europa, perjudican gravemente las peticiones judiciales para extraditar a Puigdemont y el resto de fugados, desacreditan la calidad de nuestra democracia en los foros internacionales y, sobre todo, simbolizan la sumisión y la humillación del Estado, de la Constitución y de la democracia ante los independentistas.

Porque digan lo que digan Sánchez y sus cómplices, cuya palabra han demostrado con los hechos que no tiene credibilidad ni validez, estos indultos son la antesala de una reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición, de un referéndum para reformar el Estatuto como paso previo a la autodeterminación, de la amnistía y de un recorte de las competencias del Tribunal Constitucional para evitar el cumplimiento obligatorio de sus resoluciones y sentencias.

Todavía conservan las hemerotecas las palabras de Sánchez en 2014, entonces secretario general del PSOE, cuando afirmaba públicamente que “hay que acabar con los indultos políticos” de los que se avergonzaba y posteriormente, en 2019 siendo ya presidente del Gobierno, aseguraba con rotundidad “el íntegro cumplimiento de las sentencias del procés”. ¿Mentía entonces o miente ahora?, con el único propósito de mantenerse en el poder traicionando a su votantes, abjurando de sus compromisos y violando la independencia de la Justicia, la única institución a la que hasta ahora no ha podido doblegar y de la que se venga ahora ignorando sus resoluciones y encomendado la aplicación de los indultos al mismo Tribunal que dictó las sentencias de condena.

Y todo esto lo hace con la connivencia y la conformidad de un PSOE que hace tiempo perdió ya la “O” de obrero y que ahora pierde también la “E” de español, para quedarse sólo en el PSánchez. Recordar aquí, una vez más, las palabras de un exdiputado y exdirigente autonómico socialista tras la victoria de Sánchez en las primarias frente a Susana Díaz. “no tiene programa, no tiene proyecto, sólo tiene ambición y es capaz de vender a su padre, vender el partido y vender España con tal de conseguir sus objetivos”. Amén.