El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán
IBERDROLA
(Foto de ARCHIVO)
12/4/2021

Como estaba previsto, el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha seguido la decisión de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio S. Galán, y de tres de los directivos del grupo energético, Francisco Martínez Córcoles, Fernando Becker y Rafael Orbegozo, por, entre otros, un delito continuado de cohecho activo.

También se les imputa por acciones contra la intimidad y por supuesta falsedad en documento mercantil, derivados de los presuntos encargos ilícitos encomendados por parte de la compañía al comisario, hoy jubilado, José Manuel Villarejo.

El caso se inició a finales de 2019, después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, para introducirse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

En las investigaciones internas, abiertas en noviembre de 2018 y julio de 2019, Iberdrola reconoció que se había contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 para 17 servicios, pero asuntos propios de la dirección de seguridad corporativa y siempre cumpliendo todos los controles de la compañía.

A finales del pasado mayo la eléctrica envió un escrito al magistrado en el que le planteaba la declaración voluntaria de los administradores y empleados del grupo, incluida la de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, con el objetivo de acabar con las especulaciones sobre las consecuencias del caso Villarejo.

En las 23 páginas del auto, hecho público este miércoles 23 de junio, el juez cita los diferentes encargos que la eléctrica realizó a Grupo Cenyt dirigido por José Manuel Villarejo desde 2004 y 2017, cuando aún se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía. Se hicieron a través del entonces jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.

En el auto, el juez señala que está acreditado que servicios de Villarejo no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, se intentaba  ocultar los trabajos realizados, «con la manipulación de sus conceptos». Algunas conclusiones se refrendan con los datos que están en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como la constatación que la sociedad Casesa -que entonces era proveedora de servicios de seguridad a la eléctrica- declaró pagos a Grupo Cenyt.

Otro trabajo que se encargó al comisario, y que se cita en el auto, es el «Black Board», entre 2004 y 2005, y que tenía como fin la obtención de información sensible sobre Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, para poder ser utilizada para presionar sobre sus actuaciones. Este proyecto coincidió además con Arrow y con las mismas irregularidades y no asociadas a pedidos.

El auto se centra en otro encargo a Villarejo: «Posy», que inició en 2009 y que se focaliza en Florentino Pérez, presidente de ACS, compañía que fue accionista de la eléctrica. También en este caso se le investigó, para poder ser usado la información obtenida en «un escenario de conflicto con Iberdrola»..