La degradación de la política patria ha llegado a tal punto, que los españoles nos mostramos inmunes ante las infamias que nos golpean a diario desde los púlpitos institucionales. El nivel de tolerancia a esas mentiras recurrentes de nuestros representantes resulta incomprensible, puesto que ahuyentaríamos de nuestra vida personal y trayectoria profesional a cualquiera que nos traicionase una y otra vez o faltase a la verdad permanentemente. Sin embargo, actuamos con condescendencia ante la indignidad de los cargos públicos; incluso reincidiendo en el voto de quienes nos humillan. En los tiempos venideros debemos fulminar esa ceguera sectaria que hipnotiza a la mayoría en contra de su propio bienestar.

Pedro Sánchez está sobrepasando todos los límites imaginables para mantenerse en el sillón azul. Pretende afianzarse unos meses más en el Congreso a costa de lo que sea mientras espera la llegada de las ayudas europeas. Para ello es capaz de saldar deudas que conllevan el hundimiento de la unidad de la nación que preside, la que se supone que debe defender, puesto que es su deber moral e institucional. Que el máximo responsable del Gobierno de España claudique ante quienes quieren romper su país es tan inaudito como indecente. No conviene olvidar que Sánchez es un servidor público, pero en vez de incentivar el bien común, desprecia el sentir mayoritario con el único propósito de fomentar sus intereses. Este presidente no está a la altura de ninguna circunstancia.

Ni los indultados están arrepentidos ni semejante decisión gubernamental respalda la concordia que proclaman; simplemente se trata del precio que un dirigente sin escrúpulos ni empatía hará pagar a los ciudadanos, cueste lo que cueste, para mantenerse un tiempo más en Moncloa porque es un depredador del poder. La razón principal de esta impopular medida -que provoca el rechazo y enojo de casi todos los españoles- no es amparar la convivencia entre regiones sino sellar el pacto que conlleva que los radicales voten a favor de los Presupuestos Generales, un requisito imprescindible para que el PSOE conserve el mando.

El problema radica en que no se trata de indultar ideologías o activismo político sino de favorecer a quienes incumplen la ley. Los beneficiarios no son independentistas, son vulgares trileros que alardean públicamente de su falta de arrepentimiento y corroboran su voluntad de reincidir en conductas inapropiadas e ilegales. Su modo de subsistir desde hace décadas -bajo la complicidad de todas las siglas políticas contemporáneas- consiste en chantajear al Estado. ¿Su objetivo? Obtener unas condiciones ventajosas respecto al resto de comunidades autónomas debido a una particularidad histórica inexistente, una falacia inventada y retroalimentada a cambio de prebendas partidistas.

Transigimos a cargos públicos carentes de decencia y dignidad que sabotean impunemente el sistema democrático, lo que supone un agravio comparativo hacia el resto de ciudadanos -y de regiones- que acatan el orden establecido mientras ven pisoteados sus derechos en favor de delincuentes. Una deshonra y una falta de respeto hacia la mayoría de españoles que cumplen con su deber.