Una mayoría de gibraltareños han votado a favor de una reforma de la ley del aborto que elimina la posibilidad de cadena perpetua, a través de un referéndum celebrado el jueves y que pone fin a un proceso de dos años, retrasado por la pandemia de COVID-19.

La ley actual prohibía el aborto en prácticamente todos los supuestos, a excepción de que la vida de la gestante corriese peligro. No se ha aplicado ninguna cadena perpetua por interrumpir el embarazo, pero las autoridades gibraltareñas determinaron hace años que era momento de revisar una de las normas más restrictivas de Europa sobre el papel.

El Parlamento local aprobó en 2019 un texto que autorizaba a las mujeres a abortar por razones de salud física o mental y también si el feto presenta malformaciones, pero la puesta en marcha de la ley estaba pendiente de un referéndum que tuvo que aplazarse en una ocasión por la pandemia.

Finalmente, un 62 por ciento de los votantes han dado su visto bueno, en una consulta que, no obstante, ha estado marcada también por la baja participación, inferior al 53 por ciento, según medios locales.

El ministro principal, Fabian Picardo, ha calificado en Twitter el resultado de «excelente» y ha prometido trabajar para poner en marcha los nuevos servicios contemplados también en esta ley y garantizar «abortos seguros y legales» en el Peñón.

«Al mismo tiempo, debemos empezar a trabajar para unir de nuevo a los gibraltareños», ha dicho, consciente de la división evidenciada en campaña entre los partidarios de los dos bandos. Así, Picardo ha tendido «una respetuosa mano de amistad» a la campaña del ‘no’.