El Gobierno ha alcanzado hoy lunes un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, con los agentes sociales. Según los sindicatos, el acuerdo devuelve el IPC como sistema de actualización anual de las pensiones, deroga el recorte en la cuantía de la pensión ligado a la esperanza de vida, entre otros cambios.

El acuerdo incluye una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que según los sndiatos “garantiza plenamente el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas”. Esta fórmula, según el borrador del anteproyecto de ley, toma en cuenta el IPC medio registrado en el último año, y en caso de ser negativo, no obliga a los pensionistas a devolver lo cobrado.

La futura ley deroga también el llamado factor de sostenibilidad, la fórmula elegida por el PP para aminorar la cuantía de las nuevas pensiones según se sumaban más años a la esperanza de vida.

Según fuentes consultadas, los agentes sociales y el Gobierno se dan cinco meses para pactar un nuevo sistema que retome la idea de ligar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, a través de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

Según UGT y CCOO, el acuerdo “devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones, tanto a los actuales pensionistas como para los futuros jubilados”.

Culmina la separación de fuentes

El pacto prevé cambios en la financiación del sistema de pensiones en lo relativo a los denominados gastos impropios; aquellos costes que hasta ahora se afrontaban con el dinero recaudado por cotizaciones, pese a que servían para otros fines, como financiar el funcionamiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social o determinadas políticas de empleo.

Según los sindicatos, el acuerdo alcanzado hoy compromete al Estado a desembolsar cada año una cantidad equiparable a dos puntos del PIB, a fin de financiar esos gastos impropios, mediante una cláusula que “culmina” el cumplimiento hasta la fecha del principio de separación de fuentes.

Esta transferencia anual resuelve, según los sindicatos, la mitad del incremento de financiación que se prevé que necesitará la Seguridad Social entre la mitad de esta década y 2050, cuando tenga lugar la jubilación de la generación del baby boom.

La reforma penaliza la jubilación anticipada involuntaria. “Una revisión del modelo de jubilación anticipada”, que, según los sindicatos, “reduce de forma generalizada los coeficientes reductores” que aminoran la pensión cuando se accede a la edad de jubilación antes de la edad mínima.

También se amplían algunos derechos, según las centrales sindicales. Se igualan a efectos de cotización los períodos del servicio social femenino obligatorio respecto al servicio militar.

Se refuerzan los incentivos para quienes decidan postergar la edad de jubilación. Y se reconocen nuevos derechos, como la pensión de viudedad para las parejas de hecho, y la obligación de cotizar por todos los becarios universitarios o de formación profesional (FP), aunque sus becas sean no remuneradas.