El equipo jurídico de Iberdrola está volcado en la defensa de su presidente, Ignacio S. Galán, y los directivos que tendrán próximamente que declarar en la Audiencia Nacional por actuaciones relacionadas con la contratación del comisario jubilado José Villarejo. La operación es compleja y poliédrica y junto a acciones, como la presentación de una demanda contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, se busca resquicios contra el tema central de las acusaciones: el supuesto “delito continuado” de cohecho activo.

En paralelo se intenta evitar una interpretación del reglamento del consejo de administración de la energética que señala que los consejeros deberán pone su cargo en disposición del citado organismo cuando hechos o conductas imputables puedan ocasionar un daño grave al patrimonio o reputación de la sociedad.

En este contexto es cierto que la empresa ha caído en Bolsa desde que en la pasada semana se conoció la imputación de Galán por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Si bien en medios bursátiles se interpreta este comportamiento de las acciones al temor al vacío que podría crearse en la empresa ante una posible salida de Galán no planificada; la eléctrica carece de un de un número dos y la conversión del grupo en un líder eléctrico indiscutible lleva su sello.

Si bien Iberdrola ha destacado en un hecho relevante enviado a la Comisión  Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que se señala que el consejo de administración apoya la continuidad de Ignacio Sánchez Galán al frente de la presidencia de la entidad.

Analizar con lupa el citado delito continuado de cohecho es básico en la medida que las contrataciones de Villarejo datan de diferentes fechas y podría no justificarse el término de continuado. Y si se puede rechazar, es posible que algunas actuaciones hayan prescrito. Puede ser clave en la próxima declaración de los directivos afectados ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Mientras el Juzgado Mercantil numero 4 de Madrid ha admitido a trámite una demanda de Iberdrola contra ACS por competencia desleal «al haber denigrado» a la eléctrica para menoscabar su credibilidad en el mercado. .El presidente de ACS, Florentino Pérez, está personado como acusación particular por la presunta contratación del excomisario Villarejo por Iberdrola para espiarlo y chantajearlo. Con el objetivo de impedir la entrada de la constructora en el consejo de administración de la eléctrica cuando ACS poseía acciones de la energética.

ACS ha reaccionado. La empresa de infraestructuras que nunca ha comunicado que esté preparando una demanda por daños contra la eléctrica, Si bien cita la existencia de unos audios, hechos públicos, en los que el exdirector general de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, le dice a Villarejo, ante la propuesta que éste le hace de actuaciones contra Florentino Pérez, que «sería más fácil hacer un montaje con un niño o hacerle desparecer simulando un accidente».

Para ACS, se trata de una propuesta «repugnante que califica por sí sola a quien la hace y a la compañía que le ampara despidiéndole con una más que generosa indemnización».