Éramos pocos y parió Podemos. Con toda esa irresponsabilidad, desvergüenza y populismo dictatorial y totalitario, el portavoz de la formación morada en el Congreso, de cuyo nombre mejor no acordarme ni acordarnos, pedía una comisión de investigación sobre el Tribunal de Cuentas, única y exclusivamente por cumplir con la misión fiscalizadora que le encomienda la Constitución y exigir la devolución de los fondos públicos malversados por unos delincuentes confesos, juzgados y condenados en un juicio justo, con luz, taquígrafos y todas las garantías procesales, por una intentona golpista de la que no se arrepienten y pregonan que lo volverán a hacer.

Pero lo más grave es que quiénes esto piden lo hacen desde el Gobierno del Estado, con la aquiescencia y el respaldo de un Presidente que llegó a La Moncloa por una moción de censura que justificaba en la corrupción del Partido Popular, y que ahora ampara y protege y esculpa la corrupción de unos políticos delincuentes, que son quienes le mantienen al frente del Ejecutivo y en contra de la voluntad mayoritaria de los españoles como demuestran todas las encuestas.

Una muesca más en su megalomanía antidemocrática para acabar con la división de poderes que es la esencia de las democracias, camuflada en una mascarada tan zafia como la del fin del uso obligatorio de las mascarillas, en contra de la recomendación de los epidemiólogos y de los especialistas y que, como todas las decisiones del Gobierno sobre la pandemia, se ha tomado no en función criterios sanitarios sino de los intereses políticos de Pedro Sánchez, aunque ello suponga jugar la salud y la vida de los españoles. Y en esta ocasión los intereses políticos de Sánchez pasan por esconder y minimizar el impacto de la felonía perpetrada con los indultos a los golpistas catalanes del 1-O, a los que ahora también se quieren perdonar los cinco millones de euros que el Tribunal de Cuentas les reclama por malversación de fondos públicos.

Una “piedra en el camino” como la ha calificado el ministro Ábalos -la voz de su amo y el amigo y encubridor de las maletas de la número dos en la dictadura de Maduro – que si el Gobierno consigue superar supone un nuevo paso para enterrar el Estado de Derecho y la igualdad entre los ciudadanos que consagra la Constitución.

Advertencia esta de Ábalos que se produce cuando está pendiente la renovación de los miembros de este Tribunal, lo que puede interpretarse como una especie de chantaje para comprar su continuidad, y justo en la semana clave de la campaña de la Renta. ¿Les van a perdonar también la multa o el recargo a los contribuyentes que se no cumplan con sus obligaciones con Hacienda, se equivoquen o hagan incorrecta su declaración, en aras de esa concordia, magnanimidad y buen rollito que se aplica a Oriol Junqueras y demás separatistas condenados?

Al igual que ha intentado con el Consejo General del Poder Judicial y con el Tribunal Supremo descalificando sus sentencias y desoyendo sus informes, el Gobierno socialpopulista embiste ahora al Tribunal de Cuentas sólo para mantenerse en el poder a costa de vender España, romper la igualdad territorial y entre los españoles y acabar con el sistema de libertades y el Estado de Derecho que consagra la Constitución.

Y, por si teníamos poco ya con esto ahora cuentan también con el apoyo inestimable de la Conferencia Episcopal con su aval a los indultos. Algo que sorprende ahora pero que no extraña si recordamos que una parte importante del clero ha sido tradicionalmente soporte y eficaz colaborador de los separatismos más reaccionarios en la historia, como en el caso del Carlismo, origen y precedente de los nacionalismos vasco y catalán.

Una Iglesia oficial, cada vez más alejada y distante de la doctrina que predica y de sus feligreses y que, cierto es, tiene en el perdón uno de sus principios fundamentales. Pero como ella misma manda, perdón siempre con “arrepentimiento y propósito de la enmienda” que ni se dan ni se esperan en el caso de los indultados. Que lo expliquen si es que pueden, y que digan si están también de acuerdo, ellos y el Gobierno, en aplicar este mismo perdón y la magnanimidad a Bárcenas, Rato, y demás condenados por Gúrtel o por Bankia.