Un análisis elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti, de la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España, refleja que el tiempo de resolución en primera instancia de la justicia en España se encuentra por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y que durante la pasada recesión España registró una de las tasas de litigación, ya sea en relación con el PIB o en términos per cápita, más elevadas de la OCDE.

La calidad del sistema judicial puede condicionar sensiblemente la estructura de incentivos para la inversión y su dinámica. En particular, si un sistema judicial se muestra ineficaz, podría generar inseguridad y una menor confianza entre los agentes económicos, por lo que la tasa de inversión en la economía se vería penalizada.

El análisis compara las provincias con mayor y menor nivel de congestión judicial: Alicante y Álava. Alicante era una de las provincias con mayor nivel de congestión judicial, 2,2 (220 casos no resueltos por cada 100 resueltos), mientras que Álava presentaba uno de los niveles más bajos, 1,4 (140 casos no resueltos por cada 100 resueltos). Si Alicante hubiera tenido la eficacia judicial observada en Álava, su ratio de inversión empresarial habría sido ocho décimas superior

.La conclusión del estudio es rotunda: «la ineficacia del sistema judicial en la jurisdicción civil, aproximada por su tasa de congestión, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial en España».

«Por tanto, al objeto de elevar el nivel de inversión privada en España, motor fundamental del crecimiento económico a medio y a largo plazo, una recomendación de política económica vendría dada por la conveniencia de incrementar la eficacia de nuestro sistema judicial, reduciendo sus elevadas tasas de congestión, lo que permitiría mejorar la seguridad jurídica en la contratación entre empresas privadas», remarca el análisis del experto del Banco de España.