Durante su comparecencia ante la Comisión para la evaluación y el seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso, Escrivá ha defendido que estas políticas, que han venido sufragándose por la Seguridad Social a través de cotizaciones, deban requerir el acuerdo del Ministerio de Hacienda.

Precisamente, el traspaso de todo este tipo de medidas a las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado es una de las medidas centrales de la reforma, y que en las cuentas de este año ya suponen una transferencia de unos 14.000 millones de euros a la Seguridad Social.

Escrivá ha celebrado así haber cubierto el 80% del déficit registrado por el sistema antes de la pandemia –unos 18.000 millones de euros–, un desfase que el Ejecutivo contempla «cerrar» hasta 2023.

Sin embargo, los cálculos que maneja el Pacto de Toledo y que el Gobierno, ha dicho Escrivá, ha «afinado» en su negociación con los sindicatos y las patronales, pasan por un nivel de gastos impropios en el entorno de los 22.000 millones de euros.

El titular de Seguridad Social ha reivindicado este traspaso con el fin de contar con una «imagen fiel» de la salud financiera del sistema público de pensiones y comprobar así, ha dicho, que España presenta un menor gasto en pensiones que el resto de países europeos de modelos de reparto, un «punto de partida sólido» para abordar la entrada en el sistema de las generaciones más numerosas, los llamado ‘baby boomers’.

En este sentido, Escrivá también ha querido incidir que este reto es de naturaleza temporal, entre los años 2025 y 2050, que a partir de 2040 se inicia un descenso en las previsiones de gasto y que a partir de 2050 se alcanzan niveles de gasto similares a los que registra el sistema en estos momentos.